A pesar de las políticas contra la violencia de género de estos últimos años, los feminicidios no han disminuido en Chile y se cuentan más de 500 desde que este crimen se tipificó en el año 2010. Conmemorar una manifestación tan irrefutable de la violencia de género como esta es necesario, pero ¿Cuál es la pieza que falta? ¿Cómo podemos medir el compromiso del Estado con la erradicación de la violencia contra niñas, mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas?
Como profesoras y educadoras no podemos evitar hacernos esa pregunta desde la escuela. No sólo desde el convencimiento de que en ella construimos la subjetividad y el modo en el cual nos relacionamos en la sociedad, también porque los datos nos indican que, a nivel mundial, la violencia sexual entre adolescentes aumenta y que en Chile el 50% de femicidios han sido perpetrados por parejas y un 25% por ex parejas. La pregunta es entonces ¿cómo educamos en las escuelas en torno a temas tan relevantes como el consentimiento, las relaciones sanas, el autocuidado, o el respeto? ¿Cómo la educación en Chile se hace cargo de este fenómeno?
Lo cierto es que no lo hace. La Educación Sexual es deficiente y Chile ha incumplido sus compromisos a nivel internacional en esta materia. Conocido es el informe de 2015 que ubicó a nuestro país en el último lugar de 17 países latinoamericanos que habían adquirido el compromiso de “Prevenir con educación”. Tenemos distintos instrumentos ministeriales que “orientan” sobre igualdad de género, comunidades inclusivas, oportunidades curriculares para la educación en sexualidad, afectividad y género, sin embargo, ninguno con la fuerza normativa suficiente para encontrarse sobre el Derecho preferente ni sobre la Libertad de Enseñanza, consagrados en la constitución de la dictadura, que transforman cualquier política educativa en una mera declaración de intenciones al hacerla susceptible de objeción por apoderados o sostenedores de los establecimientos educacionales y válida sólo en la medida que los establecimientos tengan la voluntad política de implementarlas. Ambos puntos que, por cierto, ya forman parte de las bases constitucionales del “nuevo acuerdo por Chile”.
Existe una deuda del Estado con proporcionar una Educación Sexual Integral que no se enfoque sólo en lo reproductivo y que garantice la educación afectiva y de género: Esto significa que las escuelas no debemos hablar sólo de cómo prevenir un embarazo o una ITS, sino que también enseñar valores comunes que permitan desarrollar relaciones sanas, sensibilizar sobre la violencia de género, abordar prejuicios y estereotipos que contribuyen a su normalización. Este tema tan crucial para un país en el cual los femicidios frustrados aumentan año a año y en el cual tenemos una ola de demandas estudiantiles que hace años denuncia el sexismo en las aulas, hoy depende de la voluntad personal y de la disposición de docentes y trabajadoras/es. La escuela no lo garantiza. La víctima más joven de femicidio en Chile tenía sólo 11 años ¿Qué pudimos hacer por ella? Estamos vulnerando un derecho de niñas, niños y jóvenes que pone en riesgo su seguridad e integridad y que, a largo plazo, nos cuesta la vida de entre 50 y 70 mujeres por año.
Es necesario comprender que las transformaciones profundas no se logran sin educación. Mientras no logremos asentar en el sentido común que la lucha contra la violencia de género es una prioridad, nuestros derechos siempre estarán cuestionados. Hay quienes señalan que son las familias las que deben hacerse cargo de estas temáticas, pero omiten que esa es la política que hemos tenido hasta hoy y que sólo ha provocado la normalización y el crecimiento de la violencia: La política del “no hacerse cargo” o del “sálvese quien pueda”. Y no es así como se garantiza un derecho.
Tampoco basta con la voluntad de los y las profesoras: un estudio publicado recientemente por APROFA mostró que un 50,8% de docentes no recibió formación en Educación Sexual y que un 85,5% no ha tenido siquiera la oportunidad. Y para esto no necesitamos una ley, pero sí de la voluntad política del MINEDUC de avanzar en esta línea. Sin embargo, pareciera que formar a las y los docentes para que puedan garantizar los derechos de las comunidades escolares no es una exigencia prioritaria en las negociaciones gremiales.
Mientras el Estado no asuma el rol de garantizar una Educación Sexual Integral para todas, todos y todes, no es posible garantizar el derecho a la educación. Tampoco revertir la situación de abandono en la que se encuentran hoy miles de niñas, niños y jóvenes, a quienes hemos abandonado a su suerte esperando que reciban la información pertinente y suficiente para protegerse, desarrollarse libremente y transformar las condiciones de violencia estructurales que les aquejan. Y ¿qué sentido tiene entonces la escuela?
Mientras no entendamos que la educación es un espacio para propiciar transformaciones en miras de construir una sociedad más justa, sana e igualitaria, las escuelas seguirán siendo meras guarderías incapaces de cumplir su promesa de subsanar la desigualdad. Ninguna joven debería terminar la escuela sin tener herramientas para reconocer y superar las violencias que le afectan: La Educación Sexual Integral es urgente y es una deuda, por las que no están, las que aún estamos y las que vendrán.
Francisca Sereno y Rocío Henríquez
Red Docente Feminista (REDOFEM)
Observatorio Docente de Pedagogías Feministas
