Durante tres meses, Gaye Sarambounou, enfundado en su gorra con los colores de Malí, dice que trabajó de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a veces hasta las 7 u 8 de la tarde. La jornada se paga a 80 euros, 40 si una urgencia lo obligaba a irse antes. Por supuesto, “nunca se pagaron las horas extras”, explica.
“Acepté porque conozco mi situación. Si no tienes papeles, haces todo el trabajo duro, toda la mierda, no tienes elección”, dice mientras hierve agua en un hornillo en el suelo de la diminuta habitación que comparte con cuatro compatriotas.
El 26 de septiembre del año pasado, cuando los inspectores de trabajo irrumpieron en el centro acuático de Marville, en la región parisina, que se utilizará como base de entrenamiento olímpico, “el jefe me dijo ‘no volverás más”, recuerda este maliense de 41 años, que lleva cinco en Francia.
¿Cuántos hay, como él, en esta obra faraónica que está transformando los suburbios del norte de la capital francesa? Es difícil decirlo, por definición. En las obras reina el “tabú”: “Todo el mundo lo sabe, nadie habla de ello”, sonríe.
“Hipocresía”
Las autoridades, por su parte, saben que el fenómeno es una mancha en lo que se supone es una vitrina de París y de Francia.
“Hay mucha hipocresía por parte de las autoridades políticas”, afirma Bernard Thibault, copresidente del Comité de Seguimiento de la Carta Social de París 2024. Según el ex secretario general del sindicato CGT, “podemos suponer que hay otros” sin papeles en las obras y lo “obvio” es regularizarlos.
Como muestra de que el tema es preocupante, la Inspección de Trabajo ha creado una unidad especializada que lleva dos años controlando casi un centro al día. Esto no tiene precedentes.
Desde la pasada primavera boreal, el movimiento se ha acelerado. En junio, se identificó a nueve trabajadores irregulares en una obra cuyo propietario no era otro que Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), el establecimiento público encargado de la construcción de las obras.
Al mismo tiempo, la fiscalía de Bobigny, cerca de París, abrió una investigación preliminar, en particular por “trabajo clandestino” y “empleo de extranjeros sin permiso en banda organizada”.
Esta red de trabajo ilegal está tejida por una “nebulosa red de empresas turcas” subcontratistas, observa Jean-Albert Guidou, de la CGT.
Un “sistema que funciona a toda velocidad”, con empresas que entran en liquidación en cuanto se preocupan, explica el sindicalista.
Mientras el Gobierno quiere crear un permiso de residencia para los “empleos con mucha demanda”, Jean-Albert Guidou ya ha ayudado a una treintena de trabajadores de los Juegos Olímpicos en sus trámites de regularización, algunos de los cuales ya se han obtenido.
“Ocupan los puestos más propensos a los accidentes y están sobreexplotados”, afirma indignado. “En las obras, la única variable de ajuste es el precio del trabajador. Y cuando hay que trabajar el doble para cumplir, estas empresas no prestan mucha atención a las condiciones de trabajo”, agrega.
“Chantaje”
“Todos estos estadios tan bonitos los construye gente pobre (…) a la que explotan”, explica Musa, un joven que vive con “miedo” desde que en diciembre lo echaron de su obra tras denunciar públicamente sus condiciones de trabajo.
Juegos Olímpicos o no, “te chantajean”, dice: cuando piden horas extra, “o te quedas o te llevas tus cosas”, dice el hombre que hizo “excavaciones” y albañilería durante cuatro meses en la futura villa de los atletas.
En los quince años que lleva en Francia, Musa siempre ha trabajado, primero en la limpieza, luego en la restauración y ahora en la construcción.
Como los demás, no ve ninguna diferencia entre su trabajo en las obras olímpicas y las anteriores: “Siempre son inmigrantes en un 80% los que hacen el trabajo. Ves malienses, portugueses, turcos. Y los franceses… en las oficinas”.
Como los demás, pide ser regularizado, “nada más”, aunque sólo sea para poder circular libremente sin tener “miedo a un control de identidad”.