Uso ilegítimo de armas letales y una lista que abarca 48 asesinatos es parte de la información que esta semana entregó Amnistía Internacional respecto de lo que viene sucediendo en Perú. A ese contexto, además, se le suma la postura del gobierno de Dina Boluarte frente a los pronunciamientos en contra de su régimen y que ha decantado en la declaración de “persona no grata” al expresidente boliviano, Evo Morales, así como al actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Sin ir muy lejos, en Chile también ha generado polémica la negativa de ingreso a Perú en contra del exdiputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, por el paso fronterizo al norte de Arica, en un momento en el que, si bien las protestas han ido disminuyendo, queda aún incertidumbre sobre lo que pasará, por ejemplo, con Pedro Castillo, la continuidad de Boluarte, así como el pliego de demandas que llevaron a Perú a una de sus peores crisis en los últimos 30 años.

Sobre este y otros temas conversó desde España con Diario y Radio U. de Chile, la socióloga y exministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo, Anahí Durand.

El lunes, Pedro Castillo evitó responder la pregunta de la Fiscalía sobre si su anuncio del 7 de diciembre fue un golpe de Estado. ¿Cómo califica lo que sucedió ese día?

No fue un golpe de Estado. No había ni el apoyo de las fuerzas armadas ni de la policía nacional. Lo que sí fue, y creo que ese es el punto del debate, una medida desesperada y solitaria de un presidente acorralado por una oposición férrea desde el primer día, lo que finalmente termina demostrando que la democracia en el Perú estaba deteriorada. Seis presidentes en seis años y solo dos elegidos por voto popular ya te dicen algo del sistema democrático. No fue algo que interrumpió una democracia saludable, estábamos ya en un deterioro muy grande.

¿Le costó llegar a esa conclusión o es una reflexión producto del pasar de los días?

Estaba claro que la crisis política era profunda. Desde el día que Castillo fue elegido presidente, la derecha peruana declara que hay un fraude, sabiendo que no lo hay. Eso ya te dice mucho de su vocación democrática. No la tienen. Entonces, esta jugada que hacen, en la cual el anuncio de Castillo termina detonando lo que viene, es algo que ellos creo que tenían medianamente planificado para poder retomar el poder que perdieron por 16 meses. Dina Boluarte y este régimen cívico militar que hoy tenemos es un esfuerzo restaurador para cerrar la crisis que ya estaba abierta. No con Castillo, desde el 2016 tenemos una crisis política institucional muy fuerte y una desafección muy grande de la ciudadanía que ahora se expresa políticamente y que exige una democracia que los incluya.

En bandos políticos distintos, a Kuczynski y a Castillo les pasó algo similar. ¿Cómo se explica eso?

Creo que si quisiéramos ponerle un punto de inicio habría que ir al 92, primero con el autogolpe de Fujimori, que cambia la Constitución y deja un sistema político hiperpresidencialista, pero luego en el 2001, con una transición mal hecha, de la cual no se cambia nada del modelo ni de la Constitución. Hay una transición mal hecha en la cual conforme el fujimorismo va ganando mayoría en el parlamento, va cambiando la ley a su favor. El resultado hoy es un engendro de régimen político, cada vez más parlamentarista, porque el Fujimorismo sí cambia la Constitución desde el Congreso para tener más atribuciones en la medida que ellos tienen mayoría parlamentaria. Entonces, se distorsiona el voto popular. Yo elijo un presidente y la vicepresidenta es ya casi su espada de Damocles, que puede negociar con el parlamento para una vacancia.

Usted fue parte del gobierno de Castillo ¿Qué representaba ese proyecto político? ¿Hubo realmente un intento por cumplirlo?

Representaba y sigue representando, sobre todo en los sectores rurales e indígenas, esa posibilidad de un cambio integral realizado por uno de ellos mismos. Castillo no es una persona del establishment limeño, con posgrados, maestrías, de lo que estábamos acostumbrados a elegir. Es una persona del mundo rural, campesino, maestro, indígena, sindicalista, que por primera vez llega a la presidencia del Perú. Es la posibilidad de realizar un cambio profundo con una persona que proviene del mismo pueblo, de este sector movilizado que no quiere que lo representen otros, quiere que lo represente uno de ellos mismos, con todo lo que eso implica: un equipo débil de gobierno, mucho pragmatismo, todo lo que finalmente significa también el mundo popular peruano en estos momentos, influenciado por décadas de neoliberalismo, informalidad, etc.

¿Y Dina Boluarte? ¿Cómo encajaba en ese proyecto?

A ella la pone en la plancha Vladimir Cerrón, que era presidente de Perú Libre, el partido en el cual invitan a Castillo a ser presidente. Era una persona intrascendente, no tenía mayor trayectoria en la izquierda peruana. Recién aparece en la segunda vuelta, es ministra de Inclusión Social en una gestión absolutamente deslucida, y ahora aparece lo que ya muchos comentaban, que estaba conspirando con el Congreso para vacar a Castillo, pese a que públicamente en distintas plazas, como ya se tenía la sospecha de que podía conspirar con el Congreso, el pueblo le exigía que se comprometiera a renunciar si Castillo era destituido.

¿Hoy representa más a la derecha que a la izquierda peruana?

Nunca representó a la izquierda. No es ni siquiera un tema ideológico, ella es la cara legal del régimen cívico militar de los grupos de poder. Es el único hilo legal que los conecta con lo que están llevando a cabo. Mira su gabinete, su ministro del Interior repartía calendarios con Keiko Fujimori, ese es el soporte de este gobierno: justamente los partidos que perdieron las elecciones, y de ahí la indignación popular y la gente que ha salido a las calles. Esto finalmente es una burla. Yo voto por alguien y termina gobernando otra persona con los que perdieron las elecciones. Dina se reunió con Keiko hace unos días. Ahí se pudo confirmar el cogobierno.

A febrero de este año, ¿Cuál es el estado actual de las protestas en Perú?

Las protestas fueron algo que ni Dina ni su entorno se esperaban y de ahí la brutalidad con la que reprimen. Obviamente esto no se va a sostener por siempre en el tiempo. La gente salió con la determinación de sacar a Dina Boluarte, pero se vio con la realidad de que aquí el Ejército, los poderes militares y el Congreso están muy consolidados con ella, y que hay una clara determinación de quedarse en el poder no solamente hasta el 2026, sino de seguir adelante con el modelo, y una clara violación a los Derechos Humanos, no solo en términos de asesinatos, sino de criminalización de la protesta. En este momento ya tenemos casi 20 presos políticos. En fin, no hay un estado de derecho y la comunidad internacional nunca se ha pronunciado con la fuerza que debiera. Algunos presidentes han esperado los sesenta muertos para recién condenar este régimen. Ahora, lo que están haciendo las comunidades que regresan a sus territorios desde Lima es evaluar otras estrategias de mediano plazo. Ese es el momento actual, no dejan de existir movilizaciones, pero también es un momento de evaluación y de rearticulación.

Estuve en el norte de Perú a inicio del año. Mi sensación es que parte de la ciudadanía marcaba una línea divisoria con las protestas, algo así como que éste era un reclamo solo del sur, del campo frente a la ciudad. ¿Cuál es su mirada?

Las protestas han mostrado una fragmentación territorial y étnica presente en la sociedad peruana, lo cual no quiere decir que las demandas que plantean no sean compartidas a nivel nacional. La protesta tiene cuatro puntos desde el primer día, que coinciden con lo que dicen las encuestas a nivel nacional, el 75% de la población está de acuerdo con que Dina Boluarte renuncie ahora. Lo mismo con el adelanto de elecciones o el cierre del Congreso, casi el 80% quiere que esto pase ya. Creo que en un lado hay esta fractura que atraviesa a la sociedad peruana, porque efectivamente quienes están más en la calle son los sectores del sur andino, pero no es exclusivo de ellos. Hay un sentimiento compartido de que ya es necesario incluso una nueva Constitución. 70%, según las encuestadoras, está de acuerdo con por lo menos abrir un referéndum.

Mencionó que hubo una mala transición de la dictadura fujimorista hacia la democracia, ¿una nueva Constitución podría resolver resto?

La transición del 2001, al no alterar para nada el eje del régimen fujimorista, que fue la Constitución del 93, que además fue hecha de manera autoritaria por un Congreso constituyente donde no participaba la mayoría de la población, con un corte claramente ideológico neoliberal, es lo que se ha ido deteriorando. Pero la posibilidad de discutir ahora este nuevo pacto social ya está abierta, el momento constituyente en Perú ya se abrió, la gente en la calle no solamente dice renuncia Dina, también está discutiendo qué tipo de país quiere, qué quiere que pase con sus recursos naturales, qué quiere que pase con su lengua, con sus símbolos. Esto es una posibilidad de democratiza mucho más el Perú, es una oportunidad democrática que la derecha quiere pintar como una posibilidad autoritaria, pero creo que es al contrario. Luego se verán los procesos consultivos. En Chile se rechazó, quizás acá también. Es más bien este proceso democratizador y de consulta lo que oxigena la sociedad y lo que nos puede hacer salir de esta crisis tan violenta que estamos viviendo.

En las últimas semanas el Congreso peruano a declarado personas no gratas a Evo Morales, esto se repitió con Gustavo Petro y, hace poco, el exdiputado Hugo Gutiérrez tuvo un impase al intentar ingresar a Perú. ¿Cómo ve esta jugada del gobierno peruano?

Dina Boluarte hoy está bastante aislada, no puede salir del país, pero en realidad no puede ni siquiera salir de Lima. No ha viajado a ninguna región porque el repudio de la gente es muy grande. Ahora, internacionalmente también sucede igual, pero es parte de su estrategia de culpar a actores externos de lo que tenemos. Primero dijo que todo esto era obra de Evo Morales e incluso llegó a decir que Bolivia estaba mandando armas sin ningún sustento. Luego expulsó al embajador de México, ahora con la declaración de persona no grata a Petro, lo que demuestra la desesperación de un régimen que sabe que está aislado internacionalmente, cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, y que está viendo deteriorada esta correlación política que creía podía tener. Salvo el de la Embajada Norteamericana, no tiene un respaldo más activo. Eso les lleva a tener actitudes como la que tuvieron con el exdiputado chileno. Eso hacen los regímenes autoritarios cuando se ven bastante cercados por la evidencia.