Justo cuando el país requiere con urgencia un debate político serio sobre la seguridad pública, con acuerdos transversales para soluciones de fondo, el deleznable asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares ha dado lugar a una reacción de Chile Vamos demagógica, argumentalmente insolvente y que pareciera tener como único propósito aprovecharse de la situación, frente a un oficialismo y un gobierno arrinconados y débiles. Si no estuviéramos viviendo un momento de fiebre colectiva podríamos ver con mayor claridad el absurdo al que hemos llegado.

Este domingo, la televisión abierta, cuyos cuatro canales hablaron única y exclusivamente de este tema por horas, demoraron poco en que a través de sus frecuencias se instalara la idea de que el Gobierno era culpable del crimen de la funcionaria policial. Incluso un periodista señaló que “desde que asumió la ministra Tohá han sido asesinados cuatro carabineros”, como si una cosa fuera causa de lo otro. La diputada Camila Flores anunció acusación constitucional contra la titular de Interior, mientras el senador Javier Macaya apuntó a personeros de gobierno por haber dicho que los carabineros violaron los derechos humanos durante el estallido social. Además de insistir en una vinculación inadecuada entre los hechos posteriores al 18 de octubre y la criminalidad actual (que para peor ya nadie rebate), habría que recordar al presidente de la UDI que el problema no es lo que se haya dicho, sino que lo dicho ocurrió, está acreditado, salvo que se prefiera esconder estas graves vulneraciones de la memoria colectiva.

Al día siguiente, parlamentarios y alcaldes de oposición desfilaron durante toda la mañana por La Moneda para hacer puntos de prensa, obviamente con el propósito de culpar al Gobierno. El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que su partido no iba a tramitar ningún otro proyecto de ningún tema mientras el Ejecutivo no pusiera en tabla los proyectos que ellos exigían, entre ellos la llamada ley Retamal, cuya eficacia junto a la Ley Naín para proteger a Carabineros y a la población no ha sido ratificada por expertos. Aquí es donde entre los parlamentarios oficialistas prevalece el silencio, puesto que en el pasado sus principales críticas apuntaban a que estos cuerpos legales podrían ser utilizados para criminalizar la protesta social, si por ejemplo se producía una refriega con la policía en ese contexto. Hoy ya nadie tiene interés en referirse a ese punto y aclararlo.

El episodio más insólito en estos días de fiebre colectiva se produjo cuando el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llegó hasta la Tenencia de El Belloto, en Quilpué. Tomando en consideración que el edil no estaba con día administrativo, que su utilidad en esa comuna era nula y que según Google Maps la distancia entre la Municipalidad de La Florida y la Comisaría demora en ser recorrida en auto al menos 2 horas y 17 minutos, primero de ida y luego de vuelta, la pregunta elemental y sencilla es ¿Qué hacía Carter ahí?

Lamentablemente, esta espiral ha sido continuada por quien por su investidura debería ser especialmente cuidadoso, que es el presidente de la República. Su anuncio de que se sumará a los operativos policiales anticipa otra acción mediática populista que no ayudará en nada a la solución del problema de fondo. El país necesita al Jefe de Estado bien sentado en su sillón de La Moneda y no con casco y chaleco antibalas en un vehículo policial. También requiere de él liderazgo al servicio de un debate público más serio y responsable, en vez de rendirse ante el penoso estado actual de la discusión política sobre la delincuencia y el crimen organizado.