En un nuevo capítulo del populismo oportunista de varias figuras políticas de nuestro país, el alcalde Rodolfo Carter y el gobernador Luciano Rivas salieron por los medios de comunicación proponiendo la creación de un “escuadrón conjunto contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado”, como forma de enfrentar los principales desafíos de seguridad en nuestro país.

Si bien el titular de la noticia resulta “atractivo” en un ambiente cargado por la crisis de seguridad por un lado, y la irresponsabilidad de numerosos políticos por el otro, lo cierto es que tanto Carter como Rivas demuestran su ignorancia: ya existen dos equipos de las policías que reúnen las características que ellos reclaman -contar con entrenamiento y formación de élite, a diferencia de los Carabineros de las “comisarías”-, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y la Brigada de Reacción Táctica (BRT) de la PDI.

Sin embargo, esto no es lo peor, la situación se agrava cuando Carter y Rivas explican en su propuesta que esta supuesta nueva unidad estaría compuesta no sólo por policías, sino que además por militares de élite, quienes no tienen la formación ni el entrenamiento para este tipo de operaciones ya que están preparados para tareas relacionadas a la Defensa Nacional.

Nuevamente, tal como en el caso de la discusión de la ley “Naín-Retamal”, las ganas por ganar titulares y votos en la próxima elección hace que se planteen ideas que desprecian el trabajo ya realizado por las policías en nuestro país, y en vez de enfocarse en fortalecerlas institucionalmente apuntando a su entrenamiento, armamento, formación, equipamiento y condiciones de trabajo y vida, buscan complicar más la situación con experimentos.

El discurso vacío de la “mano dura”, las alabanzas a Bukele y sus 65 mil detenidos en El Salvador -en muchos casos sin mayor evidencia de que integren pandillas o hayan cometido delitos-, las solicitudes destempladas porque se instauren Estados de Excepción Constitucionales en distintas partes del país, o que se involucre a las FF.AA. en tareas de seguridad pública, sólo terminan generando situaciones de mayor riesgo para la población y las mismas policías, que salen debilitadas de todo esto.

No hay que olvidar que en el mismo país centroamericano ya han existido experiencias de dura represión, encarcelaciones masivas y abusos, pero que dieron por resultado pandillas que elevaron su nivel de organización y acción, y mientras el país no de respuesta a las condiciones sociales que permitieron el desarrollo de estas organizaciones delictuales, resulta imposible que la mera “mano dura” acabe con ese flagelo.

En el caso de México, comentábamos en una columna en este mismo medio la semana pasada que más de una década de guerra contra las drogas no terminaron con los carteles como organizaciones criminales, pero si con unas FF.AA. cada vez más fuera del control civil, y expuestas al flagelo de la corrupción, y con un saldo de más de 256 mil muertes y decenas de miles de desaparecidos, muchos de ellos civiles inocentes provenientes de los sectores más pobres de la sociedad atrapados en el conflicto.

Si se quiere mejorar las condiciones de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico lo que se necesita es trabajar para que las unidades especializadas ya existentes, tanto en Carabineros como en la PDI, así como los organismos de inteligencia, cuenten con las condiciones para desarrollar su labor, tratando de manera responsable las dimensiones antes mencionadas.

Incluso puede tratarse la necesidad de contar con una Fuerza de Seguridad Intermedia que complemente a las unidades especializadas en términos de controlar zonas específicas que hayan estado bajo control territorial de bandas criminales, pero todo ello alineado con el fortalecimiento institucional de las policías, no debilitándolas como lo hacen las iniciativas impulsadas hasta el momento.