La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) dice que toda edificación ilegal se debe demoler y en tal sentido le otorga concretas atribuciones a los alcaldes y a los Seremis de Vivienda y Urbanismo para que procedan en tal sentido, con la ayuda de la fuerza pública si fuese necesario.

El mediático alcalde de La Florida, con mucho apoyo televisivo, demuele las viviendas unifamiliares construidas con materiales ligeros de los narcotraficantes y lo hace solo porque la ley se lo permite y por ello sería interesante que él aclare si ha ordenado demoler en su comuna las casas ilegales de privados que no son narcos. Al respecto, recordamos que no se atrevió a hacer lo mismo con un edificio que violaba la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), respecto de la sombra que producía esa alta estructura en las casas emplazadas en uno de sus costados.

Estas familias denunciaron el hecho en la Contraloría General de la República, la que, encontrándoles toda la razón, pues el Estudio de los Conos de Sombra elaborado por el titular del proyecto era incorrecto, emitió un dictamen vinculante dirigido al alcalde, en donde se le decía que el permiso de edificación se debía invalidar por el propio funcionario municipal que lo otorgó, tal como lo ordena el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo.

Vía una serie de artificios leguleyos, ello no ocurrió y el edificio está levantado generando la falta de luminosidad a las casas en donde residen los vecinos que reclamaban por sus derechos a vivir dignamente, lo que se logra cuando se respetan las normas legales, por lo tanto, este desacato alcaldicio quedó impune.

Está claro que derribar una modesta casa es muy distinto que demoler un edificio de 18 pisos y por ello, en conocimiento de que existen muchos edificios ilegales terminados que no cuentan con recepciones finales de obras municipales para que puedan ser habilitados, sería indispensable que la institucionalidad busque una fórmula cuerda y justa para todos, a objeto de que esos edificios imposibles de demoler, como la experiencia lo indica, puedan ser habitados a la brevedad posible.

Recordemos que el gobierno de Boric, tiene un Plan de Emergencia Habitacional, cuyo interesante propósito es construir durante esta administración 260.000 viviendas y en línea con esta política pública que busca reducir el respectivo déficit, señalamos lo siguiente:

Durante la alcaldía de Rodrigo Delgado la municipalidad de Estación Central otorgó más de 70 permisos ilegales para edificios en altura y mientras él conducía el municipio, desobedeciendo varios dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, sus funcionarios de confianza cursaron muchas recepciones de obras con lo cual, los empresarios de esos edificios pudieron entregar sus departamentos a los compradores. Cuando Felipe Muñoz asumió el cargo de alcalde, con un nuevo director de obras, no se han cursado las recepciones para 20 edificios terminados.

Ante ese doble estándar, le hemos propuesto al nuevo alcalde y al Minvu, que se establezca una compensación económica, por parte de los inversionistas de esos 20 edificios, para resarcir a los residentes de esa comuna, lo que no ha sido aceptado y por lo tanto más de 10.000 promitentes compradores de esas viviendas no pueden firmar las escrituras de compraventa y por lo tanto ocuparlas.

En la comuna de Recoleta un edificio habitacional de 20 pisos localizado en la esquina de Pío Nono con Dardignac, terminado hace más de 8 años, no puede ser habitado porque el permiso de edificación vulneró la altura admitida que es de 9 pisos. En el balneario de Maitencillo de la comuna de Puchuncaví, 5a. región de Valparaíso, existe un inmenso edificio terminado hace años que no puede tener una recepción final de obras pues vulneró la legislación de Vivienda y Urbanismo.

En la comuna de Colina la directora de obras municipales ha otorgado diversos permisos para la construcción de lujosas viviendas unifamiliares, localizadas en sectores rurales tipificados como áreas de preservación ecológica, en donde está prohibido la actividad residencial, conforme a dictámenes de la Contraloría y querellas criminales y denuncias por daño ambiental interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por otros proyectos similares.

En la comuna de Concón, el famoso hotel Punta Piqueros con 9 pisos, con un permiso que considera solo 4 pisos, emplazado en los roqueríos del borde costero, tampoco puede contar con una recepción final de obras pues la Corte Suprema ha emitido fallos en cuales se ha declarado que el permiso es ilegal. Hoy el PRC admite una altura de 7 metros que equivalen a 2 pisos y medio. Posiblemente en el país hay otros tantos casos similares.

Por lo relatado y para evitar que todos estos edificios sean “elefantes blancos”, ya que ninguno de ellos se demolerá, con el propósito de aportar en la búsqueda de la reducción del déficit de viviendas, teniéndose en cuenta que el gobierno está promoviendo la transformación de oficinas y de equipamientos en viviendas, planteamos un perdonazo por una sola vez, vía compensaciones económicas, o bien considerando que un cierto porcentaje de los m2 edificados en exceso, sus dominios sean transferidos a los correspondientes municipios, para que estas miles de viviendas les sean entregadas en arriendo o en venta a familias vulnerables que carecen de las mismas.

Ello tiene cierta coherencia con las modificaciones a los nuevos instrumentos de planificación urbana, según anuncio del ministro Carlos Montes, en orden a que los nuevos proyectos inmobiliarios deben considerar que, al menos el 5% de las viviendas, deben ser de integración social, lo mismo que intentó hacer la ex ministra Patricia Poblete (QEPD), sin resultado por oposición de la influyente industria de la construcción.

Está lanzada esta inédita idea y ahora, los que mandan políticamente tendrán que resolver de la mejor manera.