El carácter democrático de la república de Chile es una cuestión indiscutida. Así lo define el artículo 4to. de la Constitución aún vigente, así se planteó en el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional y también en el anteproyecto aprobado en general por la Comisión Experta en el actual proceso.

La convivencia dentro de un sistema democrático supone necesariamente la construcción de acuerdos sobre las normas que nos damos para la vida en sociedad y, en una sociedad heterogénea como la nuestra, estos acuerdos deben ser antecedidos por el necesario debate democrático donde confluyen posturas diversas, planteando alternativas, reconociendo puntos comunes y divergentes, para arribar a soluciones consensuadas.

En tiempos de fragilidad democrática es particularmente relevante reivindicar el disenso político como elemento fundamental del debate democrático, como un síntoma de buena salud de un sistema político que dispone de los espacios necesarios y adecuados para el enfrentamiento de ideas. Esto es necesario pues allí donde hay ideas absolutas, es probable que no estemos frente a una verdad unívoca sino ante la invisibilización de posturas divergentes, que pueden enriquecer la construcción de acuerdos más amplios y transversales.

No debiera extrañarnos entonces, en el contexto del debate democrático, la presentación y discusión de cerca de 900 enmiendas de distintos sectores de la Comisión Experta, al texto aprobado en general por el pleno. Por el contrario, se trata de un momento institucional que forma parte del proceso que se determinó previamente y es muestra de una pluralidad de ideas que deberán ser consensuadas para arribar al anteproyecto que se propondrá al Consejo Constitucional.

En contraste, vemos con preocupación la actual agenda de seguridad, con proyectos de ley que buscan elevar penas y tipificar nuevos delitos en un debate plagado de afirmaciones categóricas, donde el argumento punitivista arrasa con todo a su paso, descartando a priori propuestas diversas que buscan nutrir el debate para abordar de manera integral un problema que se origina por múltiples factores. Expertas, expertos e instituciones han cuestionado tanto la utilidad de las normas propuestas como su compatibilidad con los estándares de derechos humanos, pero el disenso es anulado en estas discusiones, para seguir adelante a pesar de las evidencias presentadas.

Vivir en democracia no es simplemente una declaración. Requiere también de esfuerzos, individuales, colectivos e institucionales de generar y proteger espacios de debate en que diversas propuestas y argumentos sean puestos en discusión, estar dispuestos y dispuestas a escuchar, y a estar en desacuerdo, en instancias donde toda respuesta violenta sea proscrita, de modo que aquellas propuestas que sean aprobadas por la mayoría de los votos, fruto de un debate abierto y plural, no cancelen las divergencias.