Defensora de la Niñez pide convocar Comisión de Verdad sobre violaciones a los DDHH contra menores al cuidado del Estado

Al terminar su mandato, la defensora Patricia Muñoz afirmó que el Estado debe reconocer las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha cometido durante mucho tiempo contra niños, niñas y adolescentes.

Al terminar su mandato, la defensora Patricia Muñoz afirmó que el Estado debe reconocer las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha cometido durante mucho tiempo contra niños, niñas y adolescentes.

En el último día de su gestión, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entregó al ministro de Justicia, Luis Cordero, un documento que establece los “estándares mínimos” para constituir una Comisión de Verdad que se haga cargo de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo el cuidado del Estado.

Tras la entrega del documento, Muñoz indicó que “uno de los grandes desafíos que la Defensoría tuvo durante esta gestión tenía que ver con no sólo abordar la crítica situación que enfrentaban los niños bajo el cuidado del Estado, sino también demandar del Estado Chile el reconocimiento de las graves y sistemáticas violaciones que a sus derechos humanos que ha cometido durante mucho tiempo, como lo ha sostenido el Comité de Derecho del Niño”.

Agregó que si bien hicieron varias peticiones al Ejecutivo, tanto en la administración anterior como durante su gestión, para convocar a una Comisión de Verdad, “hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Es por ello que el día en que culmino mi período, como equipo nos pareció relevante hacer entrega formal de este documento que es la propuesta de la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición para aquellos NNA que fueron víctimas de graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos en el contexto de cuidado estatal”.

Muñoz indicó que esto también “incluye a quienes han debido vivir en residencias de protección o de centros de internación penal, pero también a víctimas del entorno institucional de la iglesia y a víctimas de procesos de adopción irregular”.

La defensora de la niñez destacó que este documento es relevante porque no es sólo un trabajo de la Defensoría, sino que incluyó las entrevistas de asociaciones de víctimas y sobrevivientes y especialistas y por tanto, “concentra experiencias internacionales en esta materia, como Australia, Irlanda, Canadá, Escocia y Argentina que implicaron el reconocimiento público del gobierno de esos momentos, de su rol infringiendo derechos humanos”.

Asimismo, indicó que  el documento sintetiza “los principales hallazgos que tuvimos con las víctimas y sobrevivientes planteamos una recomendación muy concreta de cómo el Poder Ejecutivo debiera conformar esta Comisión de Verdad,  Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, asegurando un espacio de escucha activa de las víctimas pasadas, presentes evitando que este tipo de episodios se siga manteniendo en tiempo

Por otro lado, al terminar su mandato y a propósito de la propuesta del Senado para que la institución sea presidida por a Rosario Martínez, de Renovación Nacional, Muñoz afirmó que “los desafíos son muchos, la niñez y adolescencia tiene que lograr ser una prioridad real para el quehacer político y tiene que ser un tema de Estado, que trascienda a aquellas peleas políticas que muchas veces vemos en el día a día”.

En esa línea, cuestionó el accionar de legisladores de derecha que criticaron una guía de “sexualidad efectiva” que no está vigente, pero que “llevan más de ocho años con un proyecto de ley, como el de adopción, esperando su tramitación. Me gustaría que estuvieran preocupados de ese tipo de cosas más que generar polémicas que en definitiva no le redundan en nada a NNA”.

Finalmente, Muñoz indicó que uno de los grandes desafíos de la entidad es instalarse en todo Chile porque los niños y niñas “necesitan esta institución en todos los lugares donde se encuentren y ahí está la necesidad presupuestaria que maneja DIPRES, pero también en lo que tiene que ver con el quehacer de la institucionalidad en la implementación del Sistema de Garantías es esencial. Por tanto, el seguimiento como institución de DDHH autónoma que se pueda hacer en esta materia, va a resultar particularmente crítico para que los cambios se produzcan”.





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