Los extremos de las vicisitudes que experimentan los persecutores judiciales en sus actividades indagatorias para establecer la verdad, y combatir y castigar los crímenes del pasado y del presente, han quedado en absoluta evidencia a través de dos sucesos que han sido noticia en menos de 24 horas en dos diferentes países de nuestro continente.

Por una parte, la justicia de Uruguay condenaba a doce años y seis meses de prisión efectiva a dos militares en retiro culpables de crímenes de lesa humanidad; y, por otra, en Ecuador, pistoleros acribillaban en su automóvil a un Fiscal ante el espanto de los transeúntes en una ciudad tildada como la más violenta de todo el país.

Yendo por partes, Rubens Francia y Francisco Macaluso, ex militares acusados por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de Uruguay, fueron condenados a 12 años y 6 meses de prisión efectiva cada uno por ejercer e infligir bárbaras torturas físicas y psicológicas a prisioneros políticos bajo su cargo durante la dictadura castrense que asoló ese país entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. Francia y Macaluso fueron encontrados culpables, además, de reiterados delitos de privación de libertad y desapariciones.

El caso se inició a partir de la denuncia de ex prisioneros políticos que lograron sobrevivir, la que fue acogida por la mencionada Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, el organismo que llevó adelante el proceso. En él se estableció fehacientemente que las denuncias eran ciertas y que los ex prisioneros políticos estuvieron sometidos a apremios ilegítimos entre 1975 y 1978 en el temible Batallón de Infantería Mecanizado N°6. Ese recinto, de oscuro recuerdo, es cercano a la ciudad de San José, y ésta se sitúa 95 kilómetros al oeste de Montevideo. En las diligencias efectuadas por la Fiscalía se indagaron igualmente los crímenes atroces cometidos contra unos veinte militantes de la Unión de Juventudes Comunistas.

Al respecto, el persecutor de la unidad especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que “la sentencia fue excelente porque tuvo una extensa motivación en la que se dio por probada toda la teoría del caso”, señaló, admitiéndose la existencia de las torturas, de la privación de libertad y de la participación clara de los imputados”, señaló. Tras ello, la jueza penal María Elbia Merlo, aplicó la pena a Rubens Francia y Francisco Macaluso al considerarlos coautores de varios delitos de privación de libertad y tortura. De acuerdo con el fallo, Francia y Macaluso cumplirán sus respectivas penas con descuento del tiempo de detención preventiva debido a que ambos se encuentran bajo arresto domiciliario desde el año pasado. Pero igualmente irán a la cárcel pública.

En tanto en Ecuador, este viernes el Fiscal de la localidad de Durán fue fríamente asesinado por pistoleros en plena calle. El sangriento hecho ocurrió en dicha localidad situada sobre la margen oriental del río Guayas, frente a la ciudad de Guayaquil, considerada como una de las más violentas del país y centro de una de las zonas más castigadas por el crimen. Allí, el persecutor Leonardo Palacios fue acribillado por dos sujetos que le interceptaron y abrieron fuego cuando conducía su automóvil de regreso desde los tribunales a su oficina, tras una audiencia de juicio contra dos sujetos procesados por asesinato. Las autoridades han reunido más de 40 indicios balísticos en el lugar del crimen. Desde hace más de un año que el cantón Durán, en la provincia de Guayas, ha reportado el incremento de actividades delictivas y de enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

Se debe consignar también que el 15 de mayo ocurrió otro hecho de sangre cuando el   nuevo alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de un atentado que dejó un policía muerto y varios heridos. Tras el atentado, Chonillo salió del país argumentando razones de seguridad, aunque se informó que ya estaría de regreso, pero bajo reserva del lugar específico de residencia y rodeado de medidas de seguridad. Posteriormente, el pasado 24 de mayo, durante su informe a la Nación, el presidente Guillermo Lasso anunció el inicio de operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos criminales que, desde abril, el Gobierno considera oficialmente como “terroristas”.

Finalmente, durante esta misma jornada de viernes, la Fiscal General del Ministerio Público, Diana Salazar, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hija. La abogada recibió la conminación a través de un video enviado por WhatsApp, procedente de una cuenta asignada a un número de Ucrania (con prefijo +380) que, en su foto de perfil, mostraba una foto de la propia Fiscal General. En el video, divulgado por los medios locales, aparecen al menos seis sujetos con armas largas, vestidas de negro y con gorros pasamontañas para ocultar sus rostros. “Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar tu fiesta matando a tu hija”, dice una voz anónima, que remata diciendo: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno”.