Este lunes, 162 organizaciones de derechos humanos y un grupo de diputados de los partidos Socialista y Comunista, ambos atrozmente perseguidos y exterminados durante la dictadura, concurrieron a La Moneda para entregar una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, en la que solicitaron la renuncia del encargado de Palacio para la conmemoración de los 50 años del Golpe, Patricio Fernández.

El hecho que finalmente gatilló el paso a la ofensiva de los firmantes fueron los dichos emitidos en un programa de nuestra emisora, Tras las Líneas, en conversación con el profesor Manuel Antonio Garretón. En un extracto que se viralizó, Fernández parece decir que los motivos del Golpe son asunto de discusión entre los expertos, pero que se debe procurar un consenso absoluto respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridos después, lo cual es interrumpido por el profesor Garretón señalando que el Golpe también es inaceptable.

La verdad, así lo han señalado entrevistador y entrevistado y así consta en el registro, es que en la totalidad de la conversación ambos establecen que tanto el Golpe como lo acontecido posteriormente son inaceptables e injustificables. Hay quienes, por lo tanto, podrían sostener que la acción de las organizaciones está basada en una premisa equivocada, pero aún cuando así fuera, sería reduccionista suponer que la molestia nace y escala hasta este punto solo por este episodio. Y esa molestia, si bien incluye a Fernández, lo excede. Hace varios meses es comentario de pasillos y en muchas instancias del mundo de los derechos humanos la preocupación por el modo en que el Gobierno vislumbraba y luego está abordando la conmemoración. El problema no radica en que se pretenda imponer una verdad única en relación a la Unidad Popular, puesto que todos los gobiernos son opinables, sino más bien en que, en nombre de un eventual malentendido reencuentro, se relativicen puntos que deberían ser consensos mínimos en base a los cuales se construya la convivencia nacional, tales como el respeto irrestricto a los derechos humanos, la valoración absoluta de la democracia y una posición categórica y proactiva de repudio a quienes aplastaron desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, aquel día incluido, sistemática y extendidamente ambos principios.

No ponemos en duda que en el fuero íntimo de las actuales autoridades estos puntos puedan estar claros, pero debería ser una señal de extrema alerta, y por lo tanto de autocrítica, que haya una posición prácticamente unánime entre el mundo de los derechos humanos de molestia y discordancia respecto al modo en que se está abordando la conmemoración que, insistimos, recién ahora se expresa de un modo público y articulado, pero que se ha venido incubando durante meses. El Gobierno no puede permitirse conmemorar el 11 de septiembre con la disidencia del mundo de los derechos humanos.

Vemos, en la sociedad chilena, un peligroso olvido y una relativización de valores básicos en relación con este asunto, lo cual se explica en parte porque en la esfera pública durante estas décadas -medios de comunicación, instituciones y actores políticos- no se ha sido categórico en el rechazo frente a hechos históricos inaceptables, tal como en señalar la monstruosidad de las aberraciones cometidas por agentes del Estado. El Gobierno tiene un rol muy importante que jugar en esta conmemoración histórica y las organizaciones de derechos humanos, más allá de este episodio con Patricio Fernández, le están pidiendo que lo ejerza.