El viernes 27 de septiembre de 2019, tres semanas antes del estallido social, publiqué una columna en El Mostrador titulada “La Constitución Sí Importa”. En esencia llamaba a concordar entre todos una nueva Constitución y explicaba por qué esto debiera interesar a todos los compatriotas. Enfatizaba el malestar de muchos chilenos que viven endeudados y en pobreza, y en condiciones de precariedad aunque trabajen y aunque las estadísticas digan que son de clase media.

Las necesidades eran muchas, por ejemplo, en salud, educación, trabajo y pensiones, pero cualquier enmienda que buscara reequilibrar estas desigualdades se enfrentaba con el muro constitucional. Por tanto, si se deseaba un nivel mínimo de bienestar en salud, educación y previsión, entre otras urgencias, era necesario enmendar la Constitución de forma que pudieran gobernar las mayorías y no estar sujetos siempre al veto minoritario conservador, como se había consagrado en la Constitución de 1980.

La carta terminaba así: “¿Qué podemos hacer? Exigir a los políticos que nos representan que se comprometan con la redacción de una nueva constitución. Por ejemplo, aprobando una enmienda constitucional al capítulo de reforma de la constitución de 1980, que permita su reforma por mayoría. Esto debiera exigirse a todos los candidatos de derecha a izquierda.”.

De esta forma, concluía, aunque una nueva Constitución por sí misma no resolvería todos los problemas al menos permitirá reconocer la mayoría de edad de la sociedad chilena. Por lo mismo, este tema no era un debate académico sino más bien ciudadano.

Han pasado 4 años desde esa carta, con estallido social, Covid-19 y dos intentos de redactar una nueva constitución, y las carencias de la gran mayoría se mantienen. La necesidad de redistribuir y de otorgar servicios básicos y de buena calidad no ha cesado.

Los dos intentos fallidos han sido un fracaso de todos como sociedad. Debemos reconocer que la “política” hizo lo suyo, abrió espacios para dos asambleas constituyentes, y para que los chilenos decidiéramos.

En mi opinión, es apresurado hablar del fracaso de la política. Ambos procesos fracasaron en gran parte por la intransigencia de los representantes electos que se declaraban independientes o “a-políticos” y que tenían ideas extremas.

Creo que esto es una gran lección para el electorado. Los partidos políticos pueden tener problemas graves y escándalos de corrupción, y por ello debemos esforzarnos como sociedad para que cumplan su rol y los corruptos queden fuera y sean sancionados efectivamente. Pero la opción de la “anti-política”, de los extremos o de partidos nuevos que no tienen una raigambre ideológica clara puede ser mucho peor.

Nuestros políticos tradicionales en todos este proceso han hecho dos cosas muy importantes: (1) bajar los quórum de reforma a la Constitución actual, y (2) generar un texto de consenso entre especialistas, la “comisión de expertos”, que logró acuerdos de derecha a izquierda. Un acuerdo civilizatorio mínimo.

Es la hora de la política, ese texto (de los expertos) debiera aprobarse como reforma global a la Constitución de 1980, sin largos debates y sin enmiendas. Si los partidos desean ganar credibilidad tienen ahora una gran oportunidad.

El destino de nuestro país depende de que las diferentes corrientes políticas logren ponerse de acuerdo en ciertos mínimos, y este puede ser un comienzo excelente.

El autor es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez.