El Presidente Sebastián Piñera se mantiene en silencio sobre el Indulto Bicentenario y continúa estudiando los documentos entregados por las iglesias Católica y Evangélica, que no hace distinciones entre civiles y militares condenados por violaciones a los derechos humanos, aunque en el caso de los pastores la propuesta señala la revisión de “caso a caso” y solicita algunas condiciones mínimas para otorgar beneficios, como el que el inculpado haya pedido perdón y confesado el crimen cometido.

Pero ni siquiera las condiciones de la Iglesia Evangélica han dejado contentas a las agrupaciones de derechos humanos, quienes insisten que “no tolerarán” ningún tipo de indulto o beneficios a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Es en este sentido la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, acusa a la iglesia de “disfrazar” bajo el concepto de clemencia, un favor  a los militares.

“De manera diplomática se está pidiendo beneficios a violadores de los DDHH, y se está utilizando como subterfugio la clemencia para indultar a criminales” sentencia García.

Idea que comparten quienes han luchado por esclarecer las violaciones de derechos humanos toda su vida, como es el caso de Ernesto Lejderman, hijo del matrimonio Lejderman-Ávalos, asesinado por militares el ocho de diciembre de 1973 en Coquimbo.

Lejderman, quien quedó huérfano a los dos años y medio de edad por el homicidio de sus padres, emplazó a la iglesia a dejar “de mezclar” el perdón con la justicia.

“No descartamos recurrir a los tribunales internacionales porque consideramos que el perdón es una cosa y que el indulto a los crímenes de lesa humanidad es otra”, agregando que “en el caso del atentado al Papa Juan Pablo II, él perdono al agresor, pero no pidió que le redujeran la pena, porque ésta fue dada por las leyes de la sociedad”, aseveró.

Lejderman junto con los familiares de los desaparecidos argentinos en Chile envió una carta al  Presidente Piñera solicitando “no escuchar las propuestas de la Iglesia”, ya que a su juicio “no se entiende”  el cambio de postura de una institución que defendió el respeto de los DDHH durante la dictadura.

“Lamento mucho que la Iglesia este siendo utilizada por los militares y haya cambiado de postura, ya que nos ayudó mucho en la lucha por el respeto de los derechos humanos y ahora está respondiendo mal ante una solicitud de clemencia, que está claramente abocada a los militares” denuncia Lejderman.

Algo similar piensa el abogado experto en DDHH, Roberto Garretón, para quien “la postura de la Iglesia no está respondiendo a la Historia de Chile”.

Tratados internacionales

La máxima autoridad de la Iglesia Evangélica, Emiliano Soto, aclaró que su propuesta no excluye a uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad, pero sí solicita que se cumplan ciertas condiciones para acceder al beneficio, como el respeto hacia todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos.

En este sentido el obispo indicó que “el Indulto Bicentenario debe permitir sanar heridas y no abrirlas… tener en cuenta los sentimientos de las víctimas de los delitos de lesa humanidad y la valoración de los fallos judiciales, de manera de no caer en la denegación de la justicia”.

Las palabras del pastor pusieron nuevamente el tema de la justicia internacional sobre la mesa. Ya que según los actuales tratados “se prohíbe las amnistías e indultos para casos de violaciones graves y sistemáticas” a las garantías fundamentales.

En este sentido, la recientemente electa directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, aseguró que “el derecho internacional es clarito en decir que no procede ni la amnistía ni la prescriptibilidad de estos crímenes ni el indulto”, a lo que agrega que “según la experiencia internacional el margen para poder otorgar un indulto bicentenario es el mínimo”.

No obstante, Fríes señaló que “también hay elementos que tienen que ver con las razones humanitarias” que no son una obligación jurídica sino una consideración que podría tener el Estado por lo que “va a ser la autoridad política la que tenga que decidir y quien asuma finalmente, tanto a nivel nacional como internacional, con toda la responsabilidad”.

Mientras, sólo queda esperar el pronunciamiento del presidente Piñera, que según su ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, será dado a conocer la próxima semana.