En un país donde las sombras de la inseguridad – en sentido platónico- se extienden cada día más, la sociedad chilena se encuentra en una encrucijada crítica. La percepción de inseguridad, alimentada tanto por experiencias personales como por el bombardeo constante de los medios y la histeria preelectoral, ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, la respuesta a este dilema complejo ha sido, en su mayor parte, un eco de propuestas recicladas y debates estériles que rara vez trascienden los muros de la teoría y la opinología y se resumen en una sola consigna: “Los militares a la calle”. Es hora de cambiar el guion.

No se puede ignorar el papel de la política y los medios en la construcción de la inseguridad. A menudo, la narrativa dominante exacerba el miedo y desvía la atención de soluciones constructivas. Un enfoque equilibrado y responsable por parte de estos actores es fundamental para cambiar el curso de la conversación hacia terrenos más productivos.

El grito de “inseguridad” resuena en cada esquina de Chile, amplificado por una percepción que, según datos, supera ampliamente la tasa real de victimización. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023 revela que, aunque 9 de cada 10 chilenos se sienten inseguros, la tasa de victimización es la más baja en la última década. Este contraste pone de manifiesto la complejidad del problema: una batalla tanto contra la criminalidad como contra el miedo. No obstante, la violencia en Chile no es solo percepción; las estadísticas pintan un cuadro complejo. Con un salto significativo en el número de homicidios en los últimos años, el país se enfrenta a una realidad ensangrentada, marcada por el avance del crimen organizado y la proliferación de armas de fuego. Este aumento señala la urgente necesidad de estrategias efectivas que vayan más allá del paliativo temporal y el histérico grito facilista de “Los militares a la calle”. Medida simplista que no aborda las causas profundas de la inseguridad ni ofrece una solución sostenible.

Lamentablemente, al coro de voces histéricas se han unido diversos alcaldes y algunos parlamentarios, como Tomás Vodanovic (RD) y Raúl Soto (PPD), entre otros, quienes suelen creer que la victoria en las urnas no solo confiere legitimidad democrática, sino también supone un amplio conocimiento y pericia en todas las materias. Esta presunción explicaría la medianía y falta de originalidad de la mayoría de propuestas que realizan ante las cámaras. Así, gran cantidad de los artículos o propuestas que se producen se limitan a enunciar generalidades, estrategias genéricas y aportes teóricos de carácter muy general en relación a la seguridad. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha osado abordar la problemática de manera seria y directa. Es notoria la ausencia de propuestas relativas a aspectos tácticos, es decir, a aquellas cuestiones operativas y prácticas. De este modo, una propuesta de verdad, sigue siendo una asignatura pendiente.

La cuestión de si la participación militar en asuntos de seguridad pública representa la solución para combatir el crimen organizado y la inseguridad pública puede ser objeto de un intenso debate. Apreciaríamos este enfoque si la formación militar estuviera específicamente dirigida a prevenir, recopilar y analizar información pertinente, así como a ofrecer respuestas efectivas a dichos problemas. Sin embargo, este no parece ser el caso en este contexto. La contribución de los militares a la seguridad en las calles suele limitarse a la presencia de individuos uniformados y armados; un espectáculo simbólico que apenas sirve para disuadir a potenciales perpetradores de actos criminales de la misma manera que un espantapájaros ahuyenta a los cuervos. Esta forma de abordar la seguridad pública está lejos de ser una solución efectiva y sostenible en un estado moderno.

Afortunadamente, la prudencia interesada ha prevalecido en el mando del ejército a raíz de las acciones mediaticas de ciertos políticos que han afectado la inteligencia y la opinión pública de los chilenos. El Comandante en Jefe del jército ha expresado con firmeza que no están adecuadamente preparados para desempeñar tareas de seguridad y que no les parece apropiado que se les envíe sin más a combatir el crimen organizado. Esta postura es comprensible, dado que su función principal no es la investigación y persecución de criminales, sino la neutralización de enemigos. Esta orientación puede someter sus acciones al escrutinio público, tanto a nivel nacional como internacional y, en algunos casos, al de la justicia. Por tal motivo, si se les requiere actuar en las calles, exigen tener pautas de actuación claras o, en su defecto, inmunidad.

En lugar de improvisaciones miopes, Chile necesita una solución integral y a mediano plazo modelando una fuerza especial de seguridad que sea una fuerza de élite especializada en combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad interna y algunas dimensiones de la seguridad humana como lo son el trafico de armas, el tráfico y la trata de personas. Esta fuerza debería contar con capacidades para responder en todas las condiciones, ya sea en aire, mar, tierra y espacio virtual, utilizando tecnología, armamento, inteligencia e infraestructura propia.

Para ello, sería fundamental reclutar a los mejores hombres y mujeres de cada una de las ramas de las fuerzas armadas y de las orden y seguridad para conformar una brigada operativa, dividida en tres batallones, dedicada exclusivamente a esta lucha. Esta fuerza, conformada por 3 mil hombres y mujeres, debería tener acceso, antes que todo, a formación especializada y autonomía de las otras fuerzas, dependiendo únicamente del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior o el futuro Ministerio de Seguridad Pública.

Esto permitiría contar con personal reclutado de las fuerzas armadas y policiales, seleccionados por sus habilidades excepcionales y que pasen por un entrenamiento especializado en tácticas de investigación, combate, operaciones encubiertas y recopilación de inteligencia. Además, debieran contar con armas, equipos y vehículos de última generación. Poseer una infraestructura independiente que incluya bases de operaciones, instalaciones de entrenamiento y plataformas de respuesta móvil.

Una fuerza especializada con estas características brindaría a Chile ventajas significativas, tales como: a) Capacidades mejoradas, por ser una fuerza dedicada exclusivamente a combatir el crimen organizado, tendría las habilidades y los recursos para abordar eficazmente las complejas redes y tácticas de los delincuentes; b) Inteligencia y análisis superiores, pues la fuerza reuniría información crucial de diversas fuentes y utilizaría análisis avanzados para identificar y neutralizar amenazas; c) Coordinación interinstitucional, que le permitiría operar independientemente de las fuerzas policiales tradicionales, la fuerza especializada garantizaría una coordinación fluida y evitaría la duplicación de esfuerzos y d) Responsabilidad y transparencia, al estar sujeta directamente al Presidente de la República, la fuerza estaría sujeta a una estricta cadena de mando y sus acciones serían objeto de escrutinio público.

En conclusión, desplegar militares en las calles puede ser una medida temporal y superficial, pero no aborda una respuesta de manera robusta y sostenible para la seguridad pública. Chile necesita una solución integral, a mediano plazo y razonable. Con los recursos, habilitaciones, entrenamiento y la autonomía adecuados, esta fuerza especializada puede liderar la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad de toda la población. Porque al contrario de lo que piensa el diputado Raúl Soto, los argumentos para resistirse a su propuesta no son ideológicos o estrictamente históricos, sino que técnicos.

Ricardo Balladares Castilla, sociólogo, diplomado en Defensa y Seguridad.