En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la conferencia académica “Salvaguardar la libertad de prensa en medio de la inseguridad periodística: Perspectivas desde el mundo académico” organizada por la Unesco, Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile, la académica y expositora de FCEI Chiara Sáez, presenta en esta columna los desafíos de seguridad que enfrentan los periodistas en Chile y la misión que tienen sus universidades formadoras para prepararlos ante el panorama social actual.
El 18 de enero de 2023 el Tribunal de Garantía de Concepción condenó al periodista y entonces director del medio digital Resumen, Felipe Soto Cortés, por el delito de injurias graves a 61 días de reclusión, tras la publicación de un artículo el 5 de julio de 2022, con información de la Contraloría General de la República, en la que se señaló que el funcionario público Rodrigo Daroch estaba recibiendo un sobresueldo en contratos paralelos. La sentencia no es firme y está a la espera de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional.
El lunes 22 de abril de 2024 Josefa Barraza, directora del medio digital El Ciudadano, compareció a la primera audiencia de una querella que la ex diputada Andrea Molina había presentado contra ella en Santiago. En la querella, Molina acusa formalmente a Barraza de haberla injuriado al informar sobre unos pagos irregulares recibidos por la municipalidad de La Reina.
El periodista Daniel Labbé fue condenado el martes 23 de abril de 2024 a una pena de cárcel de 61 días acusado de desorden público cuando cubría una protesta en enero de 2021, únicamente en base a los testimonios de dos carabineros. Según las declaraciones que dio al Comité por la protección de Periodistas (CFJ) con sede en Nueva York: “El juez no creyó las pruebas que presenté: las fotos y videos de mi cobertura. Él creyó el testimonio de esos agentes, que mintieron y dijeron que me habían visto lanzando piedras y atacandolos”.
El 24 de noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual declaró al Estado de Chile responsable de vulneración a la libertad de expresión y a las garantías judiciales del defensor medioambiental y abogado, Carlos Baraona, por un caso de injurias y calumnias del año 2004. Esta sentencia obliga al Estado chileno a modificar su legislación y establecer vías alternativas al proceso penal, ya que “la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social. La condena y la multa impuestas, a pesar del posterior sobreseimiento, tuvieron el efecto de inhibir al señor Baraona de pronunciarse sobre asuntos de interés público general, y de participar en el debate público”.
Según el estudio “Aplicación de Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile”, realizado para Unesco por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, en los últimos años la libertad de prensa y la seguridad de periodistas y comunicadoras/es en el país han experimentado un preocupante deterioro. A partir del estallido social de 2019 y hasta diciembre de 2023 han documentado 504 casos de diversos tipos de abuso policial tales como detención arbitraria, ataque con arma policial, ataque con gases lacrimógenos, ataque con carro lanza aguas y otras formas de hostigamiento contra periodistas y comunicadores. A esto se agrega los últimos dos años un aumento de ataques de privados, como en el caso de la comunicadora comunitaria Francisca Sandoval, que recibió un disparo en la cabeza que terminó cortándole la vida en 2022.
Estos datos de plena actualidad ocurren mientras los días 2, 3 y 4 de mayo se realizará en Chile la 31ª Conferencia Internacional UNESCO del día mundial de la libertad de prensa con el lema “Prensa para el planeta: el periodismo ante la crisis ambiental”. El día 3 es la conferencia oficial. Los días 2 y 4 de mayo se realizarán distintos eventos paralelos y el día 4 también es la conferencia académica, que ha sido organizada por las Facultades de Comunicación de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, junto a dos Universidades extranjeras.
La Universidad tiene al menos 3 tareas en el ámbito de la libertad de prensa que se vuelven urgentes en el actual escenario: formar nuevos profesionales con el conocimiento adecuado de los viejos y nuevos riesgos que deben enfrentar en el ejercicio de su trabajo, investigar de manera aplicada y generando evidencia sobre lo que pasa con el campo y por último hacer el trabajo de divulgación y vinculación que permita instalar en el debate público la preocupación por la libertad de prensa con datos y no solo con opiniones.
Por Chiara Sáez, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen.
