116 plataformas de perforación para exploración, sondajes de hasta 500 metros y una inversión de US$ 36 millones, contempla el proyecto minero Campanario, el que se emplazará en el Valle del Elqui tras ser aprobado en julio por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo.

En concreto, las faenas de la empresa Barrick Gold se llevarán a cabo a 4 mil metros de altura en la IV Región, en las cercanías donde antes se encontraba la mina El Indio, que operó hasta el 2002.

Frente a esta situación, las más de 40 organizaciones sociales que componen el Movimiento Elqui Sin Mineras se manifestaron en contra de este proyecto extractivista bajo las consignas “Fuera Barrick Gold” y “De mar a cordillera, Elqui sin mineras” el pasado jueves en el centro de La Serena.

La integrante del movimiento socioambiental y de la ONG Valle Sagrado, Bibiana Muñoz, explicó que Elqui Sin Minera “nació bajo la necesidad de contar con apoyo científico y veraz del ecosistema y la biodiversidad del valle. De esta forma, contamos con herramientas de apoyo ante todas estas amenazas que se presentan constantemente en la zona”.

En ese sentido, Muñoz afirmó que el daño que generará el proyecto de Barrick Gold es una afectación muy grande en el Valle del Elqui, ecosistema que lleva años recuperándose de la minera El Indio: “Estaba en su proceso natural de restauración y éste se verá frenado. Esto, sumado a todos los riesgos que hay de contaminación, especialmente, de las aguas que llegan hasta las comunas de Paihuano, Vicuña, Serena y Coquimbo”.

“Está claro que luego de la exploración que van hacer ahora, que la simplifican tanto, viene la etapa de explotación, o sea, esa inversión que están haciendo, es una puerta que se abre y no la van a cerrar tan fácilmente, van a seguir con los procesos mineros correspondientes a futuro”, sentenció Muñoz. 

Foto: Movimiento Elqui Sin Mineras

Desde el Movimiento Elqui Sin Mineras sostienen que el proyecto debe paralizarse, pues aseguran que se éste debió aprobarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no por medio de una declaración, según lo indica la Ley 19.300 en su artículo 11.

Asimismo, acusan que de las 600 observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación, sólo 87 fueron acogidas.

Al respecto, el integrante del movimiento y de la organización Elqui Sustentable, Boris Yáñez, explicó que “no se están desarrollando las consultas ciudadanas en la magnitud y en intensidad que esto debiera acontecer, las observaciones que ha hecho la gente masivamente, más de 600, fueron contestadas por la autoridad, pero de manera superflua y divagante”.

“En el estudio que hemos hecho de este proceso administrativo de calificación ambiental, vemos que las normas que están precisamente disponibles para la protección de la planificación de desarrollo que han establecido nuestras autoridades democráticas, como son los planes de desarrollo comunal y regional, están siendo pasados por alto, no se están atendiendo siquiera en la forma en que la ley exige“, criticó.

Yañez además enfatizó que “los municipios, las juntas de vecinos, los crianceros, las comunidades indígenas, los pobladores, los agricultores comparten la visión de que se trata de un proyecto que no está vinculado a sus destinos y, en consecuencia, hemos recibido este mensaje, por ende, como movimiento iniciamos una serie de actividades que tienen por objeto no sólo denunciar, sino que buscan impedir la instalación de la gran minería en este territorio”.

Foto: Movimiento Elqui Sin Mineras

Así, una oportunidad que tienen las organizaciones del valle es que desde la publicación en el Diario Oficial la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, las agrupaciones que participaron de la evaluación pueden presentar sus reclamaciones en un plazo de 30 días hábiles. 

En esa línea de trabajo, desde el Movimiento Elqui Sin Mineras están evaluando también la interposición de distintas acciones judiciales.

“Se están preparando recursos destinados a anular y a denunciar estas conductas que entendemos van en contra del derecho chileno y, en consecuencia, la ley dispone las facilidades y oportunidades procesales para que los ciudadanos que consideramos que se están cometiendo injusticias o transgresiones podamos activar estas formas legales para impugnar actos administrativos”, aseveró Boris Yañez.

Esto, pues el integrante de Elqui Sin Mineras recalcó que “este territorio, las nacientes de aguas, la cordillera, los glaciares, son verdaderamente vitales para la forma de vida que tenemos, la identidad de la región depende de su integridad ecológica. En consecuencia, no es una zona que pretende tener el tipo de desarrollo que nos ofrece la gran minería, que sabemos en Chile funciona, por supuesto, es una fuente de trabajo y de ganancias, pero no es sustentable en el tiempo, ni tampoco se trata de un gran beneficio para las personas que viven aquí, que más bien están expuestas a la ruina de importantes inversiones en el turismo, servicios y agricultura”.

Al respecto, la diputada de la Región de Coquimbo, Carolina Tello (FA), sostuvo que es preocupante la eventual instalación del proyecto minero Campanario en el Valle del Elqui.

“Según la información que conocemos, que hemos podido recopilar y también lo que han señalado las comunidades del valle, sus habitantes consideran que la evaluación ha sido insuficiente en el proceso de participación ciudadana, algo que consideramos  importantísimo dentro de los proyectos de evaluación ambiental, sobre todo, cuando se trata de proyectos de esta envergadura. Hablamos que se ejecutarían 116 plataformas de perforación y creemos que es de toda lógica las preocupaciones relativas tanto al impacto ecosistémico, como también a la afectación en las nacientes del río Elqui, cuestión que se hace más crítica dada la situación hídrica que tenemos en nuestra región“, añadió.

De esta forma, la parlamentaria anunció que: “A fin de precaver, oficiaremos al SEA para conocer más antecedentes y, por supuesto, sobre la calificación favorable que se le entregó al proyecto”.

Cabe recordar que la empresa Barrick Gold, trasnacional canadiense, era la propulsora del proyecto minero Pascua Lama, ubicado en el Valle del Huasco en la Región de Atacama. Yacimiento de oro y plata que tras movilizaciones ciudadanas y acciones judiciales fue cerrado luego de que el Primer Tribunal Ambiental resolvió su clausura definitiva en 2018. 

Foto: Movimiento Elqui Sin Mineras