Desde principios de de este mes hemos visto, en medio del escándalo de corrupción que envuelve a la derecha y sus máximos representantes, una fuerte arremetida comunicacional ante el quinto aniversario del 18 de octubre, cuando se desplegó la revuelta popular de 2019, que había tenido sus primeras expresiones en evasiones masivas de los estudiantes secundarios ante el alza del transporte público.

La arremetida de la derecha y los conservadores no es baladí, es un orquestado intento por capturar de manera definitiva el relato de la revuelta popular, estigmatizando la organización popular y las demandas sociales en los carteles de “caos y violencia”.

“No son 30 pesos, son 30 años” era una de las principales consignas de la movilización social y que representaba el agobio, la decepción y la rabia contra un sistema político que no tenía la intención ni la capacidad para generar las respuestas a las promesas de justicia social y una mejor vida que desde el inicio de la transición se habían enarbolado en sus diferentes gobiernos.

Hoy, a cinco años de la revuelta, ninguna de las demandas está completamente respondida: pensiones, salud y educación dignas, salarios que alcancen para vivir, por mencionar las más destacadas, no están ni cerca de concretarse por estar en el pantano legislativo que la derecha -los mismos que apuntan de violenta la manifestación social- ha preparado en el desarrollo de este gobierno. Tampoco vemos mayor audacia de las autoridades para movilizar intenciones en torno a las propuestas a nivel ciudadano, cayendo en carrusel institucional con el que no termina pasando nada.

“En las últimas 4 semanas Chile cambió, los chilenos cambiamos, el Gobierno cambió. Todos hemos cambiado. Porque el Pacto Social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas. Necesitamos todos juntos renovar ese Pacto Social de forma tal de poder sanar esas heridas y reparar esas grietas.”, recalcó Sebastian Piñera tras concretarse el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, pero que envejeció mal viendo el comportamiento de la derecha en los procesos constitucionales y, más profundo, tras el triunfo del Rechazo donde se han ocupado en frenar cualquier cambio que le quite beneficios a sus “empleadores”.

Pero en vez de apuntar a quienes quieren que todo siga igual, se ha instalado la lógica de asumir el relato de la derecha como transversal, de la condena a la movilización  asumiendo que la violencia se presentó en cada una de las expresiones de la gente en las calles a lo largo del país ¿acaso eso incluye la marcha del millón de personas o el paro nacional del 13 y 14 de noviembre?

En ambos momentos prevalecieron las articulaciones de base y de organizaciones sociales. En ello la Central Unitaria de Trabajadores tuvo un importante rol articulador en el espacio de Unidad Social, a través del cual se buscó canalizar acciones  y organización de las diferentes actorías sociales. Desde allí surge la coordinación del paro nacional del 13 y 14 de noviembre, hito fundamental para hacer frente a la represión desplegada por el gobierno de Sebastián Piñera y darle un impulso al acuerdo del 15 de noviembre para una nueva constitución.

Reducir la movilización social al relato de la derecha es, primero, un error político grave y, segundo, una falta de respeto con quienes pusieron el cuerpo a la represión desplegada por el fallecido Sebastián Piñera y el corrupto de Andrés Chadwick. No podemos, en el afán de estar “en línea” con lo que dicen las encuestas, desconocer que las movilizaciones responden a un hecho más profundo que expresiones de violencia.

Aún cuando se está generando un ambiente en favor de la impunidad. Son 34 personas fallecidas, más de 500 víctimas con heridas oculares a causa de perdigones disparados por las fuerzas de orden y más de tres mil denuncias de violencia policía. Acá lo que se exige es justicia para las víctimas y no el borrón y cuenta nueva que busca imponer la derecha.

La revuelta popular de octubre de 2019 es la expresión máxima de descontento con un modelo que discrimina y que no garantiza condiciones de vida justa para la gente, no es la caricatura que nos quieren imponer. Esto exige defender el fondo de las movilizaciones y la necesidad de defender las reformas que se exigen para una vida justa para todas y todos.

Retroceder a la política de los acuerdos por los acuerdos no es responder a las necesidades de la gente sino que a la estabilidad de las cuestionadas instituciones y los partidos políticos tradicionales. Es, por tanto, caldo de cultivo de la decepción y la rabia contra el modelo y sus instituciones.