Justo cuando se cumplían ocho meses de su primer reclamo, el pasado martes 12 de octubre, el ingeniero Jaime Baeza insistió con una nueva solicitud ante la Superintendencia de Salud que se arrastra desde inicios de año.

Entonces pidió dos cosas a la isapre Consalud: no ser obligado a firmar un contrato, a través de la huella digital, con el servicio I-Med al momento de comprar un bono para obtener una atención de salud; y conocer qué datos son almacenados a través del dispositivo, para qué son utilizados y, especialmente, aclarar la “posible comunicación a terceros” que figura en ese contrato.

Ante la solicitud, Consalud accedió a eliminar la información de Jaime Baeza desde la base de datos de I-med, obligándolo a concurrir a una sola sucursal para comprar sus bonos sin usar la huella y sólo su carnet de identidad. La empresa recalcó además que los datos no se pondrán a disposición de terceros, pese a que el contrato que se firma al usar el dispositivo digital estimula la eventual transmisión de esa información.

La Superintendencia acogió el allanamiento de la empresa y dio un plazo de tres días al ingeniero para presentar sus observaciones. Sin embargo, la carta que lo informaba llegó a su casa días después, por lo que el caso quedó resuelto sin que éste obtuviera lo que buscaba.

A meses de ocurrido lo anterior, Baeza explica que “estoy todavía en una situación stand-by, esperando que la Superintendencia me dé una respuesta respecto a mi petición del 19 de abril, que fue dilatada, para que resuelvan o traten de conseguir la información de la isapre. Lo que persigo es que me digan: ‘ usted puede atenderse en cualquier parte y comprar el bono presentando el carnet de identidad’. Eso debería ser el resultado final, para todos, no sólo para mí. Y que la empresa I-Med diga lo que sabe”.

Según dice el usuario, el objetivo es que “se publique cuáles son los datos que ellos almacenan, porque eso va a decir por qué los almacenan, obvio. Si ellos lo que necesitan es validar tu identidad por la huella, como cuando vas a cobrar un cheque al banco, en que toman mi huella, la contrastan y listo. Si es así, por qué no lo aplican en la isapre también. Entonces aquí hay algo que están ocultando y me gustaría que se supiera. Y si quiero que mis datos estén ahí para ahorrarme tiempo sea una elección completamente libre e informada”.

Un asunto social

No es primera vez que un particular cuestiona el uso que las instituciones de salud hacen de sus datos. Cuando se conoció el caso de Baeza, la abogada Verónica Sánchez participó de la denuncia presentada ante la Superintendencia de Salud por el diputado Gabriel Silber (DC). La jurista ya había denunciado, años atrás, que las isapres Banmédica y Vida Tres compartían su información con la cadena de farmacias Cruz Verde.

Respecto al caso de Jaime Baeza, el coordinador de la Organización de Consumidores y Usuarios, Alejandro Pujá, enfatiza que la ley 19.628 “garantiza a los consumidores, a los titulares de los datos, el derecho a saber el uso que se va a dar a la información. Y también a la seguridad de que ese dato no va a ser mal utilizado. Por lo tanto, los ciudadanos no están indefensos”. Es decir, la petición del usuario está avalada por la ley, tal como él mismo lo recalca en una de las cartas que envió a la isapre.

Aunque Pujá es claro en que la organización no tiene denuncias sobre mal uso de las huellas dactilares, “la aprehensión que tenemos es que esa huella no esté correctamente almacenada, se pueda filtrar o ser mal utilizada”.

El reclamo ante Consalud y la Superintendencia tuvo un costo para Jaime Baeza, porque no puede acceder a los servicios de salud como cualquier otro usuario. “Me sacaron de I-Med, pero con el perjuicio de que me obligan a comprar bonos en un solo punto, cosa que me coarta. En caso de que me quiera atender en otro punto, tendría que comprar un bono solo ahí. Es como un castigo”, explica.

Según el abogado y ex presidente de la Corporación de Afiliados y Usuarios de Isapres, Pedro Barría, el usuario tiene “pleno derecho” a no querer usar el sistema de huella digital y “exigirle a la isapre que le habilite un sistema, porque no puede dejar de venderle bonos. No puede decir que los bonos se venden sólo con la huella, por lo tanto, a usted no le vendo más mientras no acepte utilizar la huella”.

Asimismo, el abogado especializado en denuncias contra las instituciones privadas de salud enfatiza que el usuario no puede ser obligado, como en el caso de Baeza, a comprar sus bonos en un único centro de atención: “No podrían imponerle eso. Hace cinco años no existía este sistema (de huella digital), la persona iba a comprar bonos y lo hacía en cualquier sucursal de la isapre. Deberían habilitar un sistema para que él pudiera comprar bonos en cualquier sucursal, no tendrían por qué imponerle una. Por ejemplo, ¿qué pasa si él viaja a Concepción? ¿Tiene que venir a comprar el bono a Santiago? Es absurdo. El problema lo tiene la isapre y ésta tendrá que ver cómo lo resuelve”, explica.

Barría aclara que si eso significara un perjuicio económico para la empresa, “ésta verá cómo lo resuelve, él no tiene por qué hacerse cargo. Es un afiliado, necesita servicios de la isapre y ésta no se los puede condicionar a una sucursal o a que acepte usar la huella”.

Baeza considera que el conflicto “es un asunto personal y social”, porque el mal uso de la información personal podría ser usado con carácter discriminatorio también con otras personas: “El manejo de información cuesta plata y estas empresas lucran con eso, no creo que el tema sea la huella nada más”, dice.

Mientras, continúa esperando una respuesta de su isapre que no sean “puras evasivas” y le dé una solución de fondo, y el resto de los usuarios se ven forzados a entregar su huella digital para acceder a una atención en salud. “Desde esa fecha yo no he vuelto a atenderme, porque quiero tener la claridad de cómo funciona el asunto y tener respuestas para hacer uso de mi plan de salud”. Tendrá que armarse de paciencia.