La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos revisó la partida del Ministerio de Salud para 2027, que considera un aumento real de 4,7% y un presupuesto total de 18,3 billones de pesos. Durante la sesión, parlamentarios plantearon reparos a las cifras presentadas por el Gobierno y a las reducciones propuestas para distintos programas.
La ministra de Salud, May Chomali, señaló que el presupuesto contempla cerca de 830 mil millones de pesos adicionales respecto del año anterior. La senadora Karol Cariola (PC) cuestionó esa cifra durante la discusión. “Se habla de alza, pero en realidad, el gasto no aumenta nada. Se congela el presupuesto“, afirmó. Cariola también planteó reparos a los ajustes en programas que consideró relevantes.
El proyecto contempla una reducción de más de 28 mil millones de pesos para la Ley Ricarte Soto, que financia diagnósticos y tratamientos de alto costo. El recorte equivale a cerca de un 14,5%. El senador Juan Luis Castro (PS) solicitó que el ítem se votara por separado.
“Esto no es un ajuste administrativo o de una planilla extra, esto es un impacto directo a pacientes“, sostuvo Castro. Según indicó, unas 85 mil personas reciben beneficios de la ley y existe otro grupo de pacientes que busca ingresar al sistema.
Chomali explicó que el fondo se agotará este año y que actualmente ingresan más pacientes de los que dejan de recibir tratamientos. El Ejecutivo decidió asegurar la continuidad de quienes ya son beneficiarios, por lo que no podrán incorporarse nuevas patologías con el financiamiento actual. La ministra anunció que presentarán un proyecto para modificar la ley y adecuar los recursos al aumento de la demanda.
La presidenta nacional del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, también se refirió a la situación del fondo y a las dificultades para ampliar la cobertura de la Ley Ricarte Soto. “Vemos que lo financiero está amenazado, no entran nuevas enfermedades, no entran nuevos tratamientos”, afirmó. También señaló que las sociedades científicas enfrentan frustración al no poder adaptar los protocolos a las necesidades de los pacientes.
Arriagada cuestionó que el fondo se haya ajustado desde 2017 solo según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pidió aumentar los recursos destinados a los tratamientos. “Aquí necesitamos más fármacos, mejores fármacos, mejores protocolos y más enfermedades que entren para poder proteger realmente a los pacientes“, sostuvo.
El presupuesto del Programa Nacional de Inmunizaciones también registra una reducción, de 9.696 millones de pesos. Durante la sesión, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro Ibáñez, se refirió a los cambios considerados para el programa: “Quisiera ser clara respecto al Programa Nacional de Inmunizaciones: no se van a reducir vacunas, no le va a faltar vacuna a nadie”, aseguró Pizarro.
La subsecretaria señaló que la disminución se relaciona con una mejor planificación de las compras y una reducción de las pérdidas. También mencionó la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en la cobertura.
Castro aludió a los informes de la Contraloría sobre vacunas vencidas que no llegaron a utilizarse. El senador sostuvo que los mecanismos de compra deben ajustarse y pidió que la reducción presupuestaria del programa también se votara por separado.
En atención primaria, la discusión se centró en el aumento del aporte per cápita, que sería de 630 pesos, de los cuales 218 corresponderían a un incremento real una vez considerada la inflación. El aporte basal supera actualmente los 13 mil pesos por paciente inscrito.
Los parlamentarios también abordaron la eliminación de 77 glosas de información presupuestaria, utilizadas para que el Congreso haga seguimiento a los compromisos del ministerio. Desde la cartera señalaron que esos antecedentes se reunirán en informes periódicos.
En la sesión participaron representantes de organizaciones de pacientes y gremios de la salud, además de las autoridades y los parlamentarios. La partida será votada este martes 20 de octubre.
