Este martes se inició el trabajo de un tercer panel de expertos para determinar si una sustancia puede ser determinante o no en la muerte del Nobel de Literatura, cuando se cumplirán 50 años de su partida.
La instancia determinará en su reunión del jueves decidirá si declara la admisibilidad de las acciones presentadas por los parlamentarios a los beneficios entregados a siete personas, entre ellas el exfrentista Jorge Mateluna.
Una de las cuatro personas que encabeza la organización pro derechos de las personas privadas de libertad se refirió además al caso de la mujer que parió en un pasillo del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El también exsubsecretario esgrimió que los decretos no estuvieron correctamente fundamentados. En tanto, el jurista José Miguel Valdivia sostuvo que el libelo busca una “intención de amplificación” de las críticas políticas en torno al beneficio.
El titular de Justicia si bien reconoció la complejidad en el debate en torno al beneficio presidencial, afirmó que los decretos fueron tramitados de manera correcta. Asimismo, descartó la existencia de presos políticos en Chile.
La reacción del diputado de RN surgió luego que Luis Cordero dijera que esperarán el trámite de la Contraloría y el Tribunal Constitucional respecto a legalidad administrativa de los indultos.
Consultado por la posibilidad de revertir los beneficios, el nuevo ministro de Justicia indicó que aún no conoce los antecedentes para tomar esta decisión. “La aplicación de los indultos desde la década del ’90 ha sido conflictiva”, señaló.
Tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, el abogado y académico de la Universidad de Chile asumió la cartera en medio de los cuestionamientos a los indultos otorgados por el mandatario a 13 personas.
El ente fiscalizador dio un plazo al gobierno de 10 días hábiles administrativos, para que entregue los antecedentes.
El libelo contra la secretaria de Estado apunta a una presunta vulneración de la Constitución y las leyes respecto de la concesión de los indultos presidenciales y beneficios carcelarios entregados a reos de la denominada Macrozona Sur.
En medio de la nueva crisis que enfrenta el Gobierno tras la renuncia de la titular de Justicia, la líder de la colectividad oficialista además dijo esperar que “estos impasses sean cada día menos”.
En la colectividad aseguran tener los votos para presentar una acusación constitucional contra Marcela Ríos. Sin embargo, el senador Manuel José Ossandón tiene una mirada que contrasta con los diputados de su partido.
“A mí me da la impresión de que esto no se trata de la ministra Ríos, se trata más bien de que no importa si hay justificación, no importa quien, la cosa es oponerse a lo que haga el Gobierno”, adujo la vicepresidenta de la Cámara.
El parlamentario reconoció sus reparos sobre esta tercera candidatura y consideró que el nominado por La Moneda deberá garantizar su autonomía del poder político y ser claro respecto a sus ejes anticorrupción.
