El sábado se cumplen seis años desde el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. En este contexto, organizaciones de víctimas y especialistas realizaron un balance, apuntando a las lecciones no aprendidas y criticando la forma en la que el aparato público ha hecho frente al proceso de reconstrucción.
A cinco años del terremoto del 27 de febrero de 2010, la evaluación en cuanto a calidad, tanto de infraestructura como del carácter integral del proceso de reconstrucción ha sido negativo, donde uno de los puntos más opacos está en el mundo rural, con programas inespecíficos y una gran migración a la periferia de las ciudades.
Habitantes de Constitución, Talcahuano, Pelluhue, Tirúa y Lebu interpondrán una demanda contra el Estado chileno por una suma de 800 millones, por no haber dado aviso oportuno de la ocurrencia del maremoto del 27 de febrero. Existe la confianza en que, debido a la reciente sentencia a favor de la familia de uno de los fallecidos en la tragedia, el tribunal pueda acoger favorablemente esta demanda.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, anunció la posible presentación de una querella penal por los casos de falsos damnificados del terremoto y tsunami 27 de febrero de 2010, que incluyen a alcaldes de las comunas afectadas. El ministro calificó como “inaceptable e impresentable” el que se trate de “obtener beneficios de manera […]
El mundo político valoró el reconocimiento de responsabilidades ante la fallida alerta de maremoto realizado por el Comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González. aunque lamentan su tardanza. Abogados de las víctimas solicitarán interrogarlo en calidad de imputado en la investigación que encabeza la fiscal Solange Huerta.
“Toda la responsabilidad es mía”, dijo el comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, respecto del actuar de la institución durante el terremoto y posterior maremoto del 27de febrero de 2010. Las reacciones de estas declaraciones no se hicieron esperar y pese a que una parte querellante cree que esto podría influir en el proceso que se lleva en la Justicia Militar, dirigentes sociales siguen creyendo que la principal responsabilidad del caso cae en la ex presidenta Bachelet.
