Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
