La directora ejecutiva de ACHNU se refirió al informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en residencias de menores, el que dio cuenta de una “realidad sistémica” que afecta a más de 500 niños y niñas internados en recintos.
Este jueves, el Tribunal Constitucional acogió los recursos presentados por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos en contra de tres artículos. Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas aseguró que dicha arremetida del sector más conservador del oficialismo es también una muestra de la disconformidad que existió en el bloque por la apertura de Sebastián Piñera al matrimonio igualitario.
Este cargo será definido por el Senado y tiene que estar en funcionamiento antes de junio de 2018.
El informe enviado por el Ministerio de Justicia a la Comisión Investigadora del Servicio Nacional de Menores dio cuenta de la muerte de casi 200 niños y niñas que estaban bajo el cuidado del Estado. Una situación que pone en un punto crítico a un servicio que constantemente da cuenta de falencias en su gestión.
Cuando se trata de seguridad ciudadana las políticas públicas suelen apuntar al control, las penas y la reclusión. Sin embargo, desde distintos ámbitos aseguran que el foco debería estar puesto en la prevención y la reinserción social. Incluso, en una educación flexible que responda a los problemas y necesidades particulares.
El fiscal a cargo de la investigación por las irregularidades en el Sename declaró que hasta el momento no existen pruebas que puedan dar seguridad de la existencia de un delito. Estas palabras fueron valoradas por el director del Sename pero rechazadas por parlamentarios y organizaciones de derechos de la infancia, quienes consideran inoportuno adelantar juicios antes de finalizada la investigación.
Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
El siquiatra Rodrigo Paz, ex funcionario del Servicio Nacional de Menores, denuncia que las irregularidades al interior del Sename que se investigan hoy se conocen hace años y apunta a personeros de la Concertación que habrían estado beneficiándose del actual sistema. Además, exige una acusación constitucional contra el magistrado Héctor Carreño y alerta del creciente racismo y clasismo de la población y particularmente de los jueces de familia, que habría invisibilizado el drama de miles de niños.
Esto se genera luego de conocerse un informe, mandatado por jueces de familia, y elaborado con el apoyo de la Unicef, donde se indagó las condiciones de vida de unos 6.500 niños de hogares de menores de todo el país y que detectó la existencia de una serie de abusos en cuatro recintos de la entidad estatal. Parlamentarios solicitaron al Fiscal nacional que investigue el tema.
Del total de promesas de campaña en materia legislativa que consigna en el plan de gobierno de Sebastián Piñera, solo un 38,5 por ciento han sido cumplidas por el mandatario. Destacan las áreas de Ciencia y Tecnología y Mercado transparente, pero Discapacidad e Infancia quedan en el olvido, con un cero por ciento de avance legislativo según lo señalado por el programa.
