La normativa pone fin a la prelación por estado civil y establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos, conocer su origen y mantener vínculos postadoptivos. Además, simplifica los procedimientos de tramitación.
El tiempo transcurrido desde que se realizaron las faltas o delitos que se le responsabilizan, serían la razón por la cual el ministro Mario Carroza decidió cerrar la investigación en contra del cuestionado sacerdote.
“No tiene ninguna lógica que los recursos del estado de Chile se estén invirtiendo en subvenciones que permiten tener bajo candado y llave a hijos de familias que son estigmatizados única y exclusivamente por condiciones de pobreza”, aseguró el diputado Ricardo Rincón (DC).
