Las propuestas fueron recogidas de la Comisión Ministerial presidida por María Jaraquemada para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
Así lo confirman las cifras del Observatorio Anticorrupción de las fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, las cuales si bien muestran algunos avances en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, aún se está al debe en la institucionalidad y normativas que apuntan a evitar los actos de corrupción en la administración pública.
