Hasta diciembre de 2024, Chile Transparente detectó una implementacion de un 51% de las propuestas, donde cambios estructurales como el proyecto que crea el Registro de Beneficiarios Finales se encuentran paralizados en el Congreso Nacional.
Las propuestas fueron recogidas de la Comisión Ministerial presidida por María Jaraquemada para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
Así lo confirman las cifras del Observatorio Anticorrupción de las fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, las cuales si bien muestran algunos avances en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, aún se está al debe en la institucionalidad y normativas que apuntan a evitar los actos de corrupción en la administración pública.
