Diez condenados por crímenes cometidos en Dictadura pidieron perdón por sus actos, en una ceremonia celebrada en el penal Punta Peuco. Un acto rechazado por organizaciones de DD.HH. quienes se manifestaron a la salida de este recinto afirmando que los violadores y torturadores no pueden contar con ningún tipo de beneficio carcelario.
El jurista de derechos humanos Yuri Vásquez sostuvo que los condenados por delitos de lesa humanidad cuentan con una red de protección formada por miembros de la iglesia y de abogados que es la que se está movilizando para permitirles recibir los beneficios carcelarios que están demandando.
En tanto, el abogado Cristián Cruz acusó a la subsecretaria de DDHH, Lorena Fríes, y al ministro de Justicia, Jaime Campos, de ser parte del entramado para conseguir la impunidad de los condenados por delitos de lesa humanidad y calificó de nefasto el rol que ha jugado el sacerdote Fernando Montes.