El juez Juan Carlos Checkley determinó que sí existiría un peligro de fuga debido a que Castillo tiene diversas investigaciones en su contra, así como tiene un “brazo obstruccionistas”, por presunta desaparición de pruebas en su contra.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, el expresidente de Perú sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
