Pedro Castillo arriesga 18 meses de prisión preventiva
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, el expresidente de Perú sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
Joana Carvalho
Jueves 15 de diciembre 2022 15:40 hrs.
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La audiencia sobre el requerimiento del Ministerio Público de Perú para imponer 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, terminó la primera etapa en que la fiscalía y la defensa expusieron sus partes. Así, a las 17:00 el juez supremo Juan Carlos Checkley determinará la medida cautelar para el exmandatario. En la audiencia participó el abogado de oficio Italo Díaz como defensa legal de Castillo Terrones, ya que ninguno de sus abogados acreditados se presentó.
El juez no solo evaluó la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, sino que también para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Además, es investigado como presunto coautor de rebelión y alternativamente de conspiración, como presunto autor de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Mientras que Torres es investigado como presunto coautor del delito de rebelión y alternativamente conspiración.
Respecto al peligro procesal del exmandatario, el fiscal supremo Alcides Chinchay señaló que “hay indicios de que al dirigirse a la embajada de México, era para pedir asilo”. Esto debido a la declaración del canciller de México que confirmó que, de pedir asilo, se lo darían. Sobre el daño causado al Estado indicó que se le vinculan las graves consecuencias del golpe, la paralización del país, la toma de aeropuertos, entre otras acciones de protesta que ha realizado la población desde el 7 de diciembre.
Cabe destacar que las movilizaciones han tenido un carácter violento tanto en Lima, la capital del país, como en las distintas localidades, y han dejado un total de 8 víctimas fatales.
La defensa de Castillo, representada por el abogado de oficio Ítalo Díaz, sostuvo que en el anuncio del canciller de México sobre un posible asilo, en ningún caso hace mención del ex presidente peruano. Por tanto, no sería un elemento de convicción probado. También, señaló que el ex jefe de Estado sí tiene arraigo familiar, ya que sus hijos dependen de él y que siempre se ha mostrado llano a colaborar con la justicia.
El abogado Díaz expuso que es necesario que existan diversos elementos para confirmar un peligro procesal y a su entender no la hay. Así, agregó que tampoco hay peligro de obstaculización, o destruir pruebas porque ya no es presidente. De esa manera, señaló que no se ha sustentado adecuadamente el peligro procesal para imponer prisión preventiva, por lo que pide rechazar la solicitud de la fiscalía.
Por otro lado, en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el analista internacional y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, sostuvo que lo que está de fondo en todo el conflicto en Perú es la legitimidad de la representatividad del sistema democrático, el cual “está profundamente cuestionado”.
“Pareciera que la versión oficial termina siendo una crítica hacia sus características personales (de Castillo), si era hábil o no hábil, que se fue cerrando, etc. Pero en el fondo eso no explica la crisis del Perú”, manifestó.
En la misma línea, el analista destacó que el verdadero problema del país latinoamericano son profundas contradicciones sociales y políticas que no están siendo canalizadas por el sistema de partidos políticos, mientras que “el gran pecado de Castillo es ser campesino, pobre, no muy pulido teóricamente y que fue visto como un sujeto ajeno a la política formal del Perú”.
La audiencia sobre el requerimiento del Ministerio Público de Perú para imponer 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, terminó la primera etapa en que la fiscalía y la defensa expusieron sus partes. Así, a las 17:00 el juez supremo Juan Carlos Checkley determinará la medida cautelar para el exmandatario. En la audiencia participó el abogado de oficio Italo Díaz como defensa legal de Castillo Terrones, ya que ninguno de sus abogados acreditados se presentó.
El juez no solo evaluó la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, sino que también para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Además, es investigado como presunto coautor de rebelión y alternativamente de conspiración, como presunto autor de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Mientras que Torres es investigado como presunto coautor del delito de rebelión y alternativamente conspiración.
Respecto al peligro procesal del exmandatario, el fiscal supremo Alcides Chinchay señaló que “hay indicios de que al dirigirse a la embajada de México, era para pedir asilo”. Esto debido a la declaración del canciller de México que confirmó que, de pedir asilo, se lo darían. Sobre el daño causado al Estado indicó que se le vinculan las graves consecuencias del golpe, la paralización del país, la toma de aeropuertos, entre otras acciones de protesta que ha realizado la población desde el 7 de diciembre.
Cabe destacar que las movilizaciones han tenido un carácter violento tanto en Lima, la capital del país, como en las distintas localidades, y han dejado un total de 8 víctimas fatales.
La defensa de Castillo, representada por el abogado de oficio Ítalo Díaz, sostuvo que en el anuncio del canciller de México sobre un posible asilo, en ningún caso hace mención del ex presidente peruano. Por tanto, no sería un elemento de convicción probado. También, señaló que el ex jefe de Estado sí tiene arraigo familiar, ya que sus hijos dependen de él y que siempre se ha mostrado llano a colaborar con la justicia.
El abogado Díaz expuso que es necesario que existan diversos elementos para confirmar un peligro procesal y a su entender no la hay. Así, agregó que tampoco hay peligro de obstaculización, o destruir pruebas porque ya no es presidente. De esa manera, señaló que no se ha sustentado adecuadamente el peligro procesal para imponer prisión preventiva, por lo que pide rechazar la solicitud de la fiscalía.
Por otro lado, en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el analista internacional y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, sostuvo que lo que está de fondo en todo el conflicto en Perú es la legitimidad de la representatividad del sistema democrático, el cual “está profundamente cuestionado”.
“Pareciera que la versión oficial termina siendo una crítica hacia sus características personales (de Castillo), si era hábil o no hábil, que se fue cerrando, etc. Pero en el fondo eso no explica la crisis del Perú”, manifestó.
En la misma línea, el analista destacó que el verdadero problema del país latinoamericano son profundas contradicciones sociales y políticas que no están siendo canalizadas por el sistema de partidos políticos, mientras que “el gran pecado de Castillo es ser campesino, pobre, no muy pulido teóricamente y que fue visto como un sujeto ajeno a la política formal del Perú”.
La audiencia sobre el requerimiento del Ministerio Público de Perú para imponer 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, terminó la primera etapa en que la fiscalía y la defensa expusieron sus partes. Así, a las 17:00 el juez supremo Juan Carlos Checkley determinará la medida cautelar para el exmandatario. En la audiencia participó el abogado de oficio Italo Díaz como defensa legal de Castillo Terrones, ya que ninguno de sus abogados acreditados se presentó.
El juez no solo evaluó la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, sino que también para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Además, es investigado como presunto coautor de rebelión y alternativamente de conspiración, como presunto autor de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Mientras que Torres es investigado como presunto coautor del delito de rebelión y alternativamente conspiración.
Respecto al peligro procesal del exmandatario, el fiscal supremo Alcides Chinchay señaló que “hay indicios de que al dirigirse a la embajada de México, era para pedir asilo”. Esto debido a la declaración del canciller de México que confirmó que, de pedir asilo, se lo darían. Sobre el daño causado al Estado indicó que se le vinculan las graves consecuencias del golpe, la paralización del país, la toma de aeropuertos, entre otras acciones de protesta que ha realizado la población desde el 7 de diciembre.
Cabe destacar que las movilizaciones han tenido un carácter violento tanto en Lima, la capital del país, como en las distintas localidades, y han dejado un total de 8 víctimas fatales.
La defensa de Castillo, representada por el abogado de oficio Ítalo Díaz, sostuvo que en el anuncio del canciller de México sobre un posible asilo, en ningún caso hace mención del ex presidente peruano. Por tanto, no sería un elemento de convicción probado. También, señaló que el ex jefe de Estado sí tiene arraigo familiar, ya que sus hijos dependen de él y que siempre se ha mostrado llano a colaborar con la justicia.
El abogado Díaz expuso que es necesario que existan diversos elementos para confirmar un peligro procesal y a su entender no la hay. Así, agregó que tampoco hay peligro de obstaculización, o destruir pruebas porque ya no es presidente. De esa manera, señaló que no se ha sustentado adecuadamente el peligro procesal para imponer prisión preventiva, por lo que pide rechazar la solicitud de la fiscalía.
Por otro lado, en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el analista internacional y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, sostuvo que lo que está de fondo en todo el conflicto en Perú es la legitimidad de la representatividad del sistema democrático, el cual “está profundamente cuestionado”.
“Pareciera que la versión oficial termina siendo una crítica hacia sus características personales (de Castillo), si era hábil o no hábil, que se fue cerrando, etc. Pero en el fondo eso no explica la crisis del Perú”, manifestó.
En la misma línea, el analista destacó que el verdadero problema del país latinoamericano son profundas contradicciones sociales y políticas que no están siendo canalizadas por el sistema de partidos políticos, mientras que “el gran pecado de Castillo es ser campesino, pobre, no muy pulido teóricamente y que fue visto como un sujeto ajeno a la política formal del Perú”.
