Este jueves fue entregada, a Sebastián Piñera, una carta con diversas exigencias, entre ellas, “verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición”.
El documento, que recogería recomendaciones realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, ya se encuentra en manos del Ministerio del Interior.
El titular de Interior confirmó que existe malestar al interior de Carabineros tras el llamado a refundación realizado por la ministra Karla Rubilar, y enfatizó que lo que busca el Gobierno es realizar una reforma a la institución uniformada.
Para los y las querellantes los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
La Fiscalía imputó por cuasidelito de homicidio y apremios ilegítimos a los funcionarios policiales luego que informe del SML descartara intervención directa de los carabineros en la muerte.
El Director de Fundación Chile 21 agrega que “si desde la institución realmente están tan preocupados, no tienen mucha justificación porque el Gobierno no ha hecho ningún intento real por reformar”. Para Vergara, además “las diferencias entre reformar y refundar en Chile son bastante artificiales porque no se entiende lo que significan”.
En el alto mando de Carabineros habría generado molestia que se hablara de refundar la institución cuando Yáñez ha manifestado su intención de colaborar en la reforma.
El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana se refirió a la iniciativa planteada por un grupo de diputados UDI y a la crisis que enfrenta Carabineros por diversos casos, como el de Panguipulli. “Estos episodios dan muestra de lo complejo que es el poder desarrollar una reforma”, aseguró.
Familiares y abogados de Francisco Martínez acudirán a la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia que rebajó las medidas cautelares del sargento Juan González, ya que una de las ministras que falló a favor del carabinero es madre de un oficial del OS7.
Además, los parlamentarios aseguraron que de no prosperar la idea de legislar en el Congreso, acudirán al TC para que se pronuncie respecto de esta iniciativa.
Los querellantes buscan que el uniformado sea conducido a prisión preventiva durante el plazo fijado para la investigación que es de cuatro meses. En tanto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entregó su respaldo al sargento González y avaló la tesis de la legítima defensa.
La persona fallecida fue encontrada a un costado del Servicio Médico Legal de la ciudad, donde habría sido abandonado por funcionarios de la policía uniformada cuando estaba mal herido.
El abogado querellante aseguró que mantener al imputado por homicidio simple solo con arresto domiciliario dista mucho de las medidas cautelares aplicadas para los llamados presos de la revuelta. “Aquí, en el fondo, hay una justicia para ricos y otra para pobres”, sentenció.
La familia de Camilo Miyaki -joven fallecido al interior de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda-, junto con el Observatorio de Derechos Humanos Anexppsa, ofrecieron un punto de prensa en el que exigieron un investigación exhaustiva por la muerte de Camilo.
Tal situación ha despertado sospechas sobre una comisaría que ya ha estado en la mira por presuntas torturas y violaciones en el contexto del estallido social.
Aunque entregó sus condolencias a la familia de Francisco Martínez, el Mandatario respaldó la labor de Carabineros en el cuidado del orden público. “Por supuesto, todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley, y le corresponde a la Fiscalía investigar y a los tribunales juzgar”, agregó.
La normativa contenida en la ley 20.931 aprobada durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet fue objeto de múltiples críticas y rechazos de parte de los expertos en seguridad, quienes cuestionaron su verdadera eficacia. “Deberíamos tratar de retrotraer la ley de control de identidad preventivo. Creo que ha sido muy mal utilizada y ha generado todo tipo de abusos”, aseveró la académica de la USACH en entrevista con nuestro medio.
