Un estudio elaborado por Gendarmería detalla que el 79.22% de las personas estudiadas no reincidió en sus conductas delictuales. De los restantes, se puede concluir que quienes no recibieron beneficios carcelarios, son más tendientes a recaer.
Se proyecta para 2013 una baja de al menos 45% de reclusos castigados en estas celdas, cuya cifra anual bordea los 7 mil casos. Esto como consecuencia de la resolución que en mayo racionalizó y diversificó las sanciones al régimen interno, sobre la base de que los castigos con celda generaban mayor violencia. Gendarmería, funcionarios, la academia y organizaciones ciudadanas concuerdan en evaluación positiva, que está marcando la historia de las 12 mil 772 celdas de aislamiento existentes.
Según lo descrito luego de la inspección, existen cuatro módulos, todos con patio, además de una sala de estar, baño, cocina, enfermería, dos canchas de recreación, área de kinesiología, biblioteca y sala multiuso.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
Funcionarios de Gendarmería acudieron al Palacio de La Moneda a demandar el cumplimiento de compromisos firmados por el Presidente Sebastián Piñera, cuando éste era candidato. A través de una carta remitida al mandatario, los gendarmes hicieron ver su interés por modernizar la institución penitenciaria, para que deje de figurar entre los organismos menos prestigiados de los 340 que componen al Gobierno.
El Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que establece perfecciones al recientemente reformado Sistema Procesal Penal. El proyecto contempla 36 modificaciones y basa sus ejes en la información de los procesos penales y en la capacitación y coordinación de las policías. No obstante, especialistas se mostraron escépticos sobre el diagnóstico que llevó a tomar las medidas y sus efectos.