Luego del motín en Colina 1, Carlos Fernández criticó duramente las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia en cuanto al manejo de la crisis sanitaria en los recintos penales. “Hoy como gremio, pedimos la salida de Hernán Larraín del Ministerio de Justicia, porque no esta en sintonía con los gendarmes”.
Según Gendarmería, la situación se dio “tras un procedimiento de registro y allanamiento, en las torres 3B y 4A”.
Juntar reos de distintas maras en las celdas, además de no respetar el asilamiento para prevenir el Covid-19. Las medidas alertan a las organizaciones de Derechos Humanos que ven esta “estrategia” como una bomba de tiempo que podría recrudecer los índices de homicidios en ese país.
Luego del informe entregado por el Poder Judicial, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron en la importancia de poner atención en los posibles focos de contagio al interior de los penales. Las condiciones de hacinamiento y poca salubridad, vuelven a ser el foco de las críticas.
El proyecto presentado por el Gobierno con objeto de descongestionar los recintos carcelarios del país no incluirá a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Un grupo de representantes del mundo del teatro, el cine y la danza, se unieron exigiendo medidas que puedan “salvar vidas” para cuidar a la población penal a raíz del coronavirus.
Las profesionales pertenecientes a diversas organizaciones aluden a que las prisiones preventivas se dictaron en un contexto político distinto. “Muchas veces los motivos tienen que ver más con pensamientos políticos distintos que con la comisión de algún tipo de delito2, explicó la abogada Laura Albornoz.
El estudio analiza la evolución de la realidad penitenciaria entre el 2013 y 2017, a través de múltiples visitas a recintos donde, una de las principales conclusiones, es que en Chile no se alcanzan los “estándares mínimos de dignidad”.
En enero pasado, el Decreto Ley 321, que establece los requisitos para acceder al beneficio, fue modificado fortaleciendo las condiciones. Frente al cambio, cerca de 5 mil internos se mantienen movilizados en diversas cárceles del país, ya que quieren que las nuevas exigencias solo sean aplicadas para quienes hayan entrado a la cárcel luego de la fecha en que se oficializó la modificación legal.
Juanita Rojas, periodista y conductora del programa “Libres e Iguales” de Radio Universidad de Chile, junto a la consejera y una de las fundadoras de Evópoli, Verónica Garrido, y el investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Lucas Cifuentes, analizaron en “Radioanálisis” la Reforma Tributaria y el informe del INDH que revela el deplorable estado de las cárceles en Chile.
El próximo 4 de octubre se estrenará, en diferentes salas del país, el documental Tierra sola de la realizadora Tiziana Panizza. La cinta, que retrata la realidad carcelaria de Rapa Nui, también aborda el proceso de colonización de la isla a través de la recuperación de 32 registros inéditos.
Con el foco en la reinserción, el proyecto busca fortalecer las instancias de rehabilitación y mejorar las actuales condiciones carcelarias.
La ONG Leasur inició una campaña con el objetivo de disputar el sentido común en torno a la concepción de las personas privadas de su libertad. En ella denuncian las horas que pasa la población penal sin comer, las condiciones de suministro de agua y las horas de encierro que viven diariamente. “Pueden aumentar la incidencia de factores criminógenos”, declaran.
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
La campaña de la ONG Leasur acusa la inconstitucionalidad en la que caen los procesos eleccionarios chilenos al privar del derecho a voto a quienes no se encuentren condenados a pena aflictiva. “En Chile ningún preso puede votar, independiente de su condición”, subrayan.
La crisis del sistema penitenciario chileno alcanzó a los funcionarios de Gendarmería quienes desde hace años vienen solicitando mejorar sus condiciones laborales, así como la existencia de una carrera funcionaria. Además, desde las asociaciones de trabajadores de la institución han acusado un intento por imponer una lógica de la “militarización”, en lugar de una mirada enfocada en la reinserción de los reos.
El ejercicio de las facultades que tienen las personas o las autoridades en Chile siempre han sido impugnadas. Nunca les gustan a todos. Si la Presidenta (Michelle Bachelet) hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal, y si a la comunidad o a la mayoría de la comunidad no le gusta algo, hay que cambiar la ley”, dijo Hugo Dolmestch.
