La iniciativa de ley consideraba penas de presidio menor en su grado mínimo y multas de 2 a 30 UTM a quienes promuevan o difundan las corridas que involucran a canes, sin distinción de raza, en todo el país y perseguía penalmente a sus organizadores.
Parlamentarios buscan derogar el artículo 16 de esta ley, el cual deja exento de fiscalizaciones a deportes con animales. “¿Por qué estaríamos tolerando una práctica que sabemos que provoca daño y sufrimiento?”, cuestionó la diputada Camila Musante.
