Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora por el Caso Catrillanca que, en su principal conclusión, establece responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla
Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprobó el informe final que establece responsabilidad de ambas autoridades y también de quienes les precedieron, esto, por no poder llevar a cabo políticas que garanticen paz y diálogo en La Araucanía.
El ex intendente de La Araucanía acudió a la Comisión Investigadora por el homicidio de Camilo Catrillanca, donde dijo que a él también le mintieron, pues siempre se le dijo que no había cámaras en el procedimiento en el que murió el comunero. Además, sobre su renuncia aseguró que hubo aprovechamiento político, y que la Democracia Cristiana utilizó la acusación constitucional para arreglar sus problemas internos.
Sin justificación alguna, las otroras autoridades de Carabineros no se presentaron a la instancia parlamentaria que investiga responsabilidades en el asesinato del comunero mapuche. El presidente de la Comisión, diputado PPD Ricardo Celis, calificó el hecho como una obstrucción a la indagación.
En su intervención ante la Comisión Investigadora de este caso, Consuelo Contreras dijo que bajo los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser más que solo un homicidio cometido por Carabineros, y que la muerte del comunero es una de las situaciones más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
La comisión que investiga los actos de gobierno en la entrega de las asignaciones por discapacidad y sobrevivencia señaló que la institución pública eventualmente escondió antecedentes de denuncias sobre denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia desde el año 2008 a la fecha.
El vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco valoró que el informe atribuya responsabilidades al Estado y a ex autoridades del Gobierno anterior.
La parlamentaria socialista e integrante de la Comisión Investigadora de la Operación Huracán sostuvo que, a su juicio, el informe final de la instancia -que se presentará a fines de octubre- debe establecer responsabilidades sobre Fiscalía, Carabineros y el gobierno anterior.
La presidenta de la comisión investigadora del Crédito con Aval del Estado habla de las falencias en la implementación de esta política en la década pasada, de sus fallas de diseño y de las deficientes proyecciones de la misma. Según postula, el foco debiera ponerse, ahora, en los endeudados y endeudadas por el crédito.
Los antecedentes vinculados a Sergio Jadue y Jorge Sampaoli, fueron los más bullados en el último tiempo al interior de la ANFP, por ello, la Cámara decidió crear una comisión que investigue los fraudes en la entidad y así, establecer los actos del Gobierno y entidades públicas ligadas al funcionamiento de quienes administran al fútbol profesional.
La instancia, aprobada por unanimidad, se crea a partir de dos solicitudes de comisiones investigadoras sobre el tema.
A un mes que se revelaran las deficiencias en las listas de espera del hospital de Rancagua, la comisión de la Cámara de Diputados continúa las investigaciones aunque aseguran que no hay respuesta para la situación.
Se trata de 121 implicados detenidos el fin de semana entre los que se cuentan oficiales en retiro y civiles. Fiscal a cargo de la indagación, Eugenio Campos, informó que el descalco supera ya los 20 mil millones de pesos.
En conversación con el programa “Gente al Día” de Radio Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional y miembro de la comisión que investiga los hechos, Paulina Núñez, se refirió a la declaración de Giorgio Martelli, interrogado por la Fiscalía en el marco del caso OAS. El geógrafo está involucrado en el proceso a raíz de la emisión de facturas por 60 millones de pesos a la firma brasileña investigada por corrupción.
La instancia fue aprobada con votos de Chile Vamos y la DC.
La comisión investigadora sobre la crisis que enfrenta el Sename dijo esperar la aprobación de la Ley de Presupuestos por parte del Ejecutivo para evaluar los fondos disponibles y así las mejoras que requiere el servicio.
