Organizaciones y expertos criticaron la injerencia del poder político en estos hechos y la falta de regulación en la normativa vigente. “Hay mucha colusión entre influyentes actores del mercado que tienen relaciones con agentes públicos”, acusaron.
Una declaración jurada del representante de la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental permite a las constructoras visar los proyectos, pese a que para su ejecución deberían ser sometidos a un Estudio de Impacto Ambiental en el que se integre la participación ciudadana con un plan de mitigaciones.
Dirigentes sociales, vecinales, concejales y parlamentarios de la zona se encuentran “en estado permanente de movilización”, por lo que consideran “una burla por parte del gobierno”. Por ello, exigen la presencia en la isla grande de la ministra de Salud, Helia Molina, con soluciones concretas a las carencias que los afectan.
