Según la institución estatal, la demanda colectiva busca que se condene al Banco Santander al pago de las máximas multas por cada infracción, que algunas cláusulas de sus contratos hipotecarios se declaren nulas y se condene a la institución al pago de las devoluciones e indemnizaciones que correspondan a las personas perjudicados por estas prácticas abusivas.
