Inspirado en los casos de impunidad por violación a los derechos humanos en democracia, el montaje cierra una trilogía de obras que develan el estado de la memoria y la justicia en Chile. Se estrenará de manera presencial en Matucana 100 y tendrá funciones entre el 12 y el 29 de agosto.
Los habitantes de la localidad presentaron una querella contra tres de sus ex representantes jurídicos: Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa. Según la denuncia, los profesionales recibieron beneficios económicos durante la investigación contra el tranque de relaves El Mauro de Minera Los Pelambres.
Representantes de organizaciones ambientalistas criticaron la participación del Senador Alejandro Guillier en el directorio de una fundación financiada por la transnacional BHP Billiton. Afirman que dicho vínculo es aún más cuestionable considerando los perjuicios que dicha empresa ha ocasionado a la región que representa.
La minera Los Pelambres del Grupo Luksic ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la región de Coquimbo un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Infraestructura Complementaria por mil 100 millones de dólares. La compañía se sustenta en un acuerdo previo alcanzado con la comunidad de Salamanca, sin embargo, el tema genera diferencias entre habitantes del Valle del Choapa y parlamentarios de la zona, cuando están en pleno desarrollo de un proceso judicial contra la firma.
Más allá de los debates morales que pueda generar en el espectador, es la creación de esa incomodidad sin juicios lo que está muy bien logrado en “Joselito”, una película de sensaciones, más que de discursos.
Representantes de la comunidad de Caimanes cuestionaron y acusaron estar fuera de norma la solicitud de peritaje de la Corte de Apelaciones de La Serena sobre la zona en que Minera Los Pelambres pretende instalar su proyecto de infraestructura complementaria. Los vecinos de la comunidad presentaron una denuncia contra los jueces integrantes del tribunal de alzada de la región de Coquimbo.
El “Movimiento Social por la Recuperación del Agua y La Vida” advirtió que los legisladores “están bajo la lupa” de la sociedad civil. Luego de la “Tercera Marcha Nacional” en Valparaíso, las organizaciones sociales de distintos puntos del país reiteraron sus críticas al marco institucional vigente porque consagra la privatización de las aguas.
Luego que la justicia determinara que la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, debe demoler el tranque El Mauro y devolver el agua a su cauce natural, en beneficio de la comunidad de Caimanes, tanto el diputad (PS) Daniel Melo, como el dirigente Cristián Flores, pidieron que la empresa se haga cargo de los costos medioambientales, y que organismos del Estado hagan una evaluación de los daños en la zona.
Los habitantes del pueblo de Caimanes cumplen más de 65 días movilizados para protestar por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que en octubre de 2014 ordenó a la sociedad minera “Los Pelambres” permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío, a través de un plan que debía ser visado por el Juzgado de Garantía de Los Vilos. La sensación de los ciudadanos es que la minera tiene más poder que el Gobierno y los tribunales.
