Desde que estallaron los casos de corrupción en Chile se vienen discutiendo posibles salidas a la crisis política derivada de los casos Penta y SQM. Un sector de la Nueva Mayoría se sumó al llamado de organizaciones sociales que apunta a la Asamblea Constituyente para dar con una Carta Magna de origen democrático como la mejor respuesta ante el profundo descrédito de las instituciones y la élite política. Por ahora desde el Gobierno las señales parecen analizar otras alternativas.
En el programa de gobierno se propusieron una serie de reformas que, en principio, debían ver la luz en 2014: Reforma a la Salud, Previsional, Código de Aguas y Nueva Constitución. Sin embargo, en el camino se fueron entrampando o dieron paso a otros proyectos prioritarios, lo que llevó al Gobierno a no querer abrir más flancos de críticas que las que ha debido enfrentar por las reformas Tributaria y Educacional, que más de un dolor de cabeza le han reportado al Ejecutivo. Diputados y actores de la sociedad civil enjuician estas promesas inconclusas.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre afina indicaciones al proyecto de Inclusión Escolar con el Gobierno y el oficialismo, esto a pocas horas de que el senador Fulvio Rossi dé cuenta del informe de la comisión, que de ser objetado por la oposición, retrasaría la votación hasta el miércoles. Los mecanismos de selección y pago de arriendo a sostenedores son la principal discusión.
Los anuncios del Gobierno sobre la Reforma Constitucional, considerando aquellos emitidos durante el periodo de campaña presidencial, si bien se mantienen en el tiempo, claramente han ido mutando hacia nuevas posibilidades. Las propuestas de plazos y mecanismos para implementar dicho proceso ya no son los mismos. Así de claro lo tienen diversos sectores, tal como ocurre con los integrantes de la Bancada Transversal de Parlamentarios por la Asamblea Constituyente.
La desmunicipalización es uno de los puntos clave en la reforma a la educación que contempla el Gobierno. La idea concita atención de alcaldes, parlamentarios y expertos, quienes analizan una nueva relación de trabajo con el Mineduc, además de distintos aspectos que deben ser considerados al devolver los establecimientos al Estado.
“No al cierre de los Colegios Públicos” se llama la carta elaborada por Educación 2020 y en la que acoplan 1500 firmas de estudiantes, apoderados, profesores, dirigentes y diputados, que emplazan a las autoridades del ministerio de Educación para evitar el cierre de colegios, lo cual señalan se debe hacer en última instancia. Este argumento es apoyado por la diputada Cristina Girardi, quien denunció irregularidades de la seremi de Educación en los procesos de cierre.
Diputados opositores interpusieron una querella por fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la entrega de beneficios estatales a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEK y la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en circunstancias de que dichas instituciones no estaban acreditadas. La medida legal apunta a la responsabilidad del actual ministro de educación, Harald Beyer, en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, y se suma a los antecedentes de la acusación constitucional en su contra.
Luego de que este fin de semana se hicieran públicos nuevos antecedentes respecto del conocimiento que tuvo el ex ministro de Educación Sergio Bitar del explosivo crecimiento de matrículas y otras irregularidades de la Universidad del Mar en 2004, los parlamentarios oficialistas de Comisión de Educación propondrán citar a las autoridades de educación de la época para que expliquen lo ocurrido. Por su parte, el ex ministro dijo que “se tomaron las medidas correctas y se actuó con firmeza”.
La acusación constitucional contra el Ministro de Educación, que se prepara desde fines del año pasado, está en la recta final, a la espera de su ratificación por las bancadas de los partidos de la oposición. De aprobarse el texto final, la medida se presentará ante el Congreso este miércoles.
