La Contraloría rechazó dar curso a la medida que permitía aumentar el tiempo y calidad del almacenamiento de datos comunicacionales de las personas, lo que marcó un nuevo traspié en los complicados últimos meses que ha vivido el subsecretario del Interior en el cargo.
A las críticas provenientes del mundo civil y de organizaciones como el Consejo para la Transparencia y la ONU, se sumaron voces desde la UDI hasta el Frente Amplio y que buscan revocar la idea del Ejecutivo de ampliar el tiempo y cantidad de datos que conservan las compañías de telecomunicaciones, con el fin de que las policías accedan a dicha información.
Expertos afirmaron que el Decreto 866 del Ministerio del Interior es una transgresión a las garantías constitucionales. La norma pretende regular el período de almacenamiento de datos personales, así como brindar la posibilidad que organismos distintos al Ministerio Público accedan a ellos.
