La iniciativa pretende nacionalizar los fondos administrados por las AFP y crear una nueva institucionalidad para la administración de los fondos de pensiones.
La Primera Sala de ese tribunal de alzada dictó una resolución en la que pide el pronunciamiento del Tribunal Constitucional por considerar que el Decreto Ley que impide el retiro de los fondos vulnera la Constitución al restringir el derecho de propiedad sobre los ahorros.
