En esa línea, parlamentarios y agrupaciones sociales llamaron a perfeccionar la ley que regula este tipo de acciones e insistieron en que las autoridades reconozcan sus responsabilidades.
Las medidas que elevan los requisitos para la formación y permanencia de partidos políticos, tensiona a la Nueva Mayoría. Los pequeños partidos acusan “colusión” y sindican al PPD y el PS como los defensores del modelo.
La Fiscalía Económica posee correos que acreditan la colusión entre la CMPC y la SCA. Mientras, la Sofofa golpeó la mesa y suspendió la participación de la papelera en la sociedad de empresarios.
El eventual quorum de dos tercios que se necesitará para aprobar el nuevo capítulo XVI a la Constitución que establecerá los mecanismos de modificación de la Carta Magna, ha generado el cuestionamiento de parte de algunos juristas que plantean que esto sería ir en contra de la misma Ley Fundamental que establece que un nuevo apartado sólo requiere de tres quintos para su aprobación.
“Que todo cambie para que nada cambie”. Esa parece ser la premisa de la tramitación de la nueva Ley de Partidos Políticos en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde una y otra vez, se vota en contra del espíritu del proyecto de ley, la agenda de probidad y transparencia y las recomendaciones de la Comisión Engel.
Preocupación manifestaron parlamentarios de la Nueva Mayoría frente a la posibilidad de que las reformas estructurales que actualmente se están analizando en el Congreso, puedan ver su destino torpedeado desde el Tribunal Constitucional (TC).
El ex consejero de Corfo Rafael Guilisasti asumirá en el directorio de las empresas “Cascada” de SQM en medio de un proceso arbitral entre la entidad estatal y la minera no metálica. Parlamentarios oficialistas hacen hincapié en la información privilegiada que –temen- podría entregar a su nuevo empleador.
Miembros de la DC piden medidas efectivas para enfrentar la difícil situación que ha llevado a la colectividad la vinculación de los hijos de su presidente, el senador Jorge Pizarro, con el Caso SQM. Las peticiones van desde una junta nacional para debatir posibles soluciones hasta la suspensión de la presidencia del senador por la Cuarta Región en la Falange.
