La comisión mixta, encargada de resolver las diferencias con la Cámara de Diputados, acordó aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso y otorgar mayores facultades a los organismos públicos que participan del proceso.
La directora jurídica del SJM, Gabriela Hilliger, sostuvo que el principal obstáculo para concretar las expulsiones radica en las gestiones diplomáticas con Venezuela y la falta de agilidad administrativa, y no en los tiempos de detención.
