El Gobierno apuntó a “recursos pendientes”, mientras la empresa minera llamó a dar “fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto”. Desde la sociedad civil denunciaron que el proceso judicial ha ignorado la evidencia científica.
La senadora Pascual dijo que existe “una defensa corporativa” de la derecha sobre las aseguradoras, mismo sector que impulsó la indicación de la mutualización. Así, la diputada Gazmuri reiteró que dicho mecanismo vulnera el fallo del máximo tribunal.
