El Ministerio Público lleva adelante investigaciones por los eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias en las que el ex diputado UDI podría ser imputado. En tanto, desde el Gobierno se respaldó la figura del ministro Lucas Palacios.
La controversia originada por el viaje del ministro Larraín ha traído más consecuencias que el solo reproche social por el posible doble estándar del gobierno que por un lado anuncia austeridad fiscal, y por otro incurre en gastos millonarios en financiar una actividad de carácter privado.
A medida que pasan los días luego del levantamiento del secreto del Caso Penta, se siguen conociendo más detalles sobre el contenido de las declaraciones del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, y ahora de algunos correos electrónicos de parlamentarios, por medio de los cuales queda clara su participación en el denominado Caso Penta. En este contexto destacan los nombres de los senadores de la UDI Iván Moreira y Ena von Baer.
La sala del Senado dejó pendiente la votación del proyecto de ley enviado por la presidenta Michelle Bachelet que busca crear la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. La iniciativa aprobada por unanimidad en la comisión de Constitución de la Cámara Alta el pasado 6 de noviembre, ha concitado el rechazo de la Asociación Nacional de Fiscales.
A esta hora se lleva a cabo la reunión de la mesa directiva de la UDI para tratar las repercusiones de este caso que involucra a figuras del gremialismo. Previo a la cita, uno de los mencionados, el senador Iván Moreira efectuó sus descargos y descartó la existencia de algún delito.
El gobierno firmó la iniciativa legal que crea esta nueva fiscalía, la que tendrá a cargo la investigación de delitos en particular complejos y de alto impacto en la sociedad. Los funcionarios agrupados en la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip), indicaron que la medida no resuelve temas de fondo como la falta de dotación para poder investigar los miles de casos.
