Arias ya fue notificado de la noticia, que viene luego de que Sergio Moya, persecutor adjunto de la misma región, lo denunciara por tráfico de influencias, obstrucción a la investigación contra el juez de la Corte de Apelaciones Mario Elgueta, ocultamiento en la causa del Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto en una causa que llegó a O’Higgins desde Puerto Montt.
Así lo confirmó Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien consideró a Campos -quien tiene como antecedente haber investigado el fraude en Carabineros- como “un fiscal con bastante experiencia en materia de investigación en temas de corrupción”.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó el anuncio del Gobierno de que estudiará realizar modificaciones al sistema actual de designación, evaluación y control de jueces y fiscales. “Cuando usted necesita un acuerdo de todos, ese alguien a quien le conviene como funciona el status quo, se niega”, señaló Atria.
La resolución de Abbott agrupa la investigación por prevaricación y enriquecimiento ilícito, que se sigue en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra los ministros de la Corte de Rancagua, con la indagatoria por nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencia, también en dicha corte.
La sesión se retomará el próximo martes 23 de abril.
En el marco del Caso Corpesca, el exsenador UDI detalló también otras compañías con las que se contactó para financiar campañas políticas. Se espera recoger más de 300 testimonios, en un juicio que podría extenderse hasta por siete meses.
Cinco actrices son las denunciantes contra el cineasta, además, la investigación cuenta con varios interrogatorios, análisis de chats, correos y otras diligencias que el Ministerio Público a recabado durante nueve meses.
La PDI y Carabineros desarrollarán distintas diligencias para determinar eventuales responsabilidades por la emergencia que afecta a la zona.
De esta manera, las medidas en contra del autoproclamado presidente encargado podrían concretarse en su prohibición de salir del país, el congelamiento de sus cuentas, y la prohibición de enajenar sus bienes.
Si bien la determinación de Abbott estaba firmada desde el 4 de enero, el abogado Luis Torres presentó su renuncia entes de ser notificado.
El Ministerio Público investiga por qué los uniformados mintieron en su primer testimonio, señalando que ninguno de ellos portaba cámara.
Erasmo Reyna justificó el asilo solicitado por el ex mandatario peruano en la embajada de Uruguay en Lima. García es investigado por el aporte de US$ 200 mil que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado a su campaña.
