Terram, FIMA y OLCA además coinciden en que hay varios temas pendientes en los que se debe avanzar, entre ellos, la protección de los defensores ambientales, la participación ciudadana y la implementación de la Ley 21.600.
El dirigente medioambientalista criticó la determinación dada a conocer por el Gobierno a través de la DGA y afirmó que no era conocida por el Ministerio de Medio Ambiente y las otras entidades involucradas del MOP.
