El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de aplicar la medida cautelar más gravosa contra el parlamentario, quien es investigado por el fraude al Gobierno Regional de La Araucanía por más de $730 millones desviados a fundaciones.
La acción judicial se enmarca en la investigación por la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab. Además, la Fiscalía solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de mayo.