El proyecto de ley que se discute en la Cámara, que dividirá en dos organismos al actual Servicio Nacional de Menores, ha recibido distintas críticas. Mientras los funcionarios apuntan a un innecesario cambio de ministerios, también surgen críticas al tratamiento de casos judiciales, siempre con el financiamiento como una deuda desde el Estado. Se espera que durante este gobierno finalmente se vote la reforma a la protección de menores.