Organizaciones y parlamentarios criticaron a la posibilidad de otorgar la libertad condicional a violadores de DDHH como Miguel Krassnoff y Miguel Estay “El Fanta”. “Ellos nunca han tenido actitud de arrepentimiento”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Dirigentes sociales y víctimas de violencia policial, presentaron este martes la campaña “Fin a la Justicia Militar” y emplazaron al Gobierno para que, a partir del discurso del 21 de mayo, inicie la tramitación de un proyecto que permita que carabineros y uniformados respondan ante tribunales ordinarios cuando cometan delitos contra civiles.
La “dieta” que reciben los ex presidentes de la República, es el nuevo foco de críticas al interior del Congreso, ya que además de los 9 millones de pesos que reciben por este concepto, se deben agregar los gastos de traslado y “mantenimiento de oficina” que suman otros 6 a 8 millones. Es “escandaloso”, señalaron desde el Parlamento.
Diputado Hugo Gutiérrez indicó que el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, debe dar explicaciones por el tiempo transcurrido sin que se presenten querellas en los casos de corrupción conocidos por la opinión pública.
Como “una deuda del Estado chileno” calificaron diferentes organizaciones el envío del protocolo facultativo de la Convención Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mecanismo que establece las herramientas para garantizar a nivel internacional derechos tan relevantes como la salud y la educación.
La denuncia busca que Contraloría fiscalice la acción del municipio, una de las comunas más pobres del país.
El cierre del Penal Punta Peuco vuelve a aparecer en el tapete luego que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja Raúl Saldívar, junto al diputado comunista Hugo Gutiérrez coincidieran con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, en que la cárcel “cinco estrellas” debiese ser clausurada y sus presos enviados a un cárcel de máxima seguridad.
El diputado del PC dijo que es necesario investigar las palabras de Michel Jorratt, principalmente porque habrían piezas vinculadas a Hacienda e Interior que también habrían participado de estas “presiones” denunciadas. En tanto, el Ministerio Público citaría a Alberto Arenas a declarar en calidad de imputado por su presunta participación en el caso SQM.
El parlamentario comunista presentó una querella en contra del senador de la UDI Jaime Orpis por el delito de cohecho agravado que pudiese tener el carácter de reiterado.
“Jamás en mis votaciones he sido influido ni por las presiones ni por el dinero”, afirmó el senador UDI Jaime Orpis, refiriéndose al Caso Corpesca, donde es investigado por presunto delito de cohecho. En el gremialismo pidieron disculpas, admitiendo el “acto impropio” de Orpis, aunque asegurando que éste puede seguir normalmente con sus labores parlamentarias. Mientras, desde el PC acusan una estrategia para evitar que se cuestione la Ley de Pesca.
La Fiscalía Oriente comenzó la investigación para determinar posibles delitos de cohecho y financiamiento irregular a parlamentarios que participaron en la votación de la ley de pesca, más conocida como ley Longueira. Por su parte, los pescadores buscan los métodos y recolectan firmas para lograr anular la legislación.
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), declaró que para estos casos se actuará “igual que como actuamos con todos los contribuyentes, siguiendo los criterios que habitualmente se usan para determinar si hay o no acción penal”.
Por otro lado, desde el Congreso ven con preocupación la ratificación del director de SII. Esto luego de Jorratt fuera confirmado en el cargo por la presidenta Michelle Bachelet.
