Durante el último año han surgido diversas iniciativas que, según diversos expertos, son atentatorias contra los derechos de la infancia. Al respecto, en conversación con Radio Universidad de Chile, la directora Ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, analizó dichas propuestas, las que, según aseguró buscan “criminalizar” a la infancia.
La pieza de la compañía La Negra María Teatro estará en cartelera hasta el 21 de abril.
En mayo de 2018 el Gobierno presentó el Acuerdo Nacional por la Infancia, plan del Ministerio de Desarrollo Social que contiene 94 medidas, siendo una de ellas Alerta Infancia, sistema informático que tiene por objetivo recopilar información de niños y niñas vulnerables para identificar la situación de riesgo en la que están.
Con 101 votos a favor, y 27 en contra, la iniciativa fue despacha al Senado luego de un amplio debate en que parte de la oposición se oponía a dar más recursos, esto porque algunas organizaciones han vulnerado los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El dato forma parte de los resultados de la encuesta Casen 2017. Al respecto, Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, indicó que las cifras son “preocupantes”.
Miles de menores centroamericanos han sido deportados desde los Estados Unidos y México en los últimos años. Las cifras impactan cuando se trata de los niños y niñas detenidos en la frontera sur norteamericana y la cantidad de los que fueron separados de sus padres con la política de “Tolerancia Cero” decretada por Donald Trump. Entre ellos se cuentan 102 menores de cinco años de edad.
Patricia Muñoz valora las buenas intenciones que hay detrás de los anuncios y acuerdos en torno al tema de la niñez y adolescencia. Sin embargo, subraya la idea de que no existe claridad sobre los plazos de cada una de las medidas declaradas: “Hay un tema con los tiempos que a mí me preocupa y un tema con la suficiente información para nosotros poder ejercer un efectivo control y fiscalización de los actos de la administración del Estado”, sostiene.
Más de tres mil niños, niñas y adolescentes se encuentran en lista de espera para ser evaluados por los programas de diagnósticos ambulatorios del Servicio Nacional de Menores (Sename) y más de mil – solo en la Región Metropolitana- para luego ser atendidos en programas especializados en casos de abuso sexual. En estos últimos, transcurre hasta un año y medio para acceder al servicio.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de priorizar programas medibles, basados en la evidencia, bajo una implementación adecuada, a cargo de personal capacitado y con políticas de largo plazo.
Conocer y caracterizar los modelos y prácticas de crianza que privilegian las familias en la actualidad, desde la mirada de los niños y niñas, fue el objetivo principal de la investigación “Modelos culturales de crianza en Chile: Castigo y ternura, una mirada desde niños y niñas”. El estudio estuvo a cargo del equipo investigador del Diplomado de Niñez y Políticas Públicas del Departamento de Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Según los datos, entre 2011 y 2017 han sido identificadas 214 víctimas. La necesidad es localizar a las micro redes que operan en Chile y concentrarse en la educación para disminuir el número de delitos. Hay 35 procesados. La semana pasada, en Los Lagos, se sumaron dos condenados por el delito.
A través de un documento, el presidente Sebastián Piñera presentó las 94 propuestas de la Comisión de Infancia, las que tienen como objetivo promover la protección y el desarrollo integral de la infancia, a partir de mecanismos que permitan prevenir y disminuir la vulneración de los derechos de los niños.
El jefe de Desarrollo Social lideró la mesa que redactó el acuerdo por la infancia. La iniciativa propone acelerar la tramitación de una ley de garantía integral, también aumentar recursos a Sename.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Fundación La Caleta se refirió al trabajo de la instancia conformada por el Ejecutivo que, durante esta semana, debiera dar a conocer sus conclusiones.
Los ex ministros José Antonio Gómez y Javiera Blanco podrían estar implicados en la malversación de fondos públicos destinados al programa Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). Dicha iniciativa es parte de los 1263 programas que hoy no tienen fiscalización ni regulación, y que son desarrollados por empresas prestadoras externas.
La acción presentada a Contraloría denuncia que el abogado contaba con material pornográfico infantil. Pese a la gravedad de ello, se encontraría en libertad.
Las organizaciones ciudadanas exigen una serie de medidas para evitar que asesinatos contra menores se sigan repitiendo a lo largo de todo el país.
