La normativa sería más exigente que lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y según algunos constituyentes implicaría un derecho a veto por parte de las comunidades.
Las normas que sean aprobadas por los 2/3 de los convencionales pasarán a formar parte del texto de nueva Constitución. En la instancia, la discusión ha estado marcada por el Estado Regional.
