El instituto de Fomento pesquero, organismo privado ligado a la Corfo y encargado de aportar los datos para calcular las cuotas de pesca, está sufriendo una aguda crisis, tras el despido de decenas de trabajadores, incluyendo el director ejecutivo, y la renuncia de su presidente. Las críticas apuntan a la falta de independencia de la institución, ya que las decisiones sobre su área directiva están siendo tomadas por el Gobierno.
